Niños, Niñas y Adolescentes

La Ley 25.875 ha dotado a la Procuración Penitenciaria de la Nación de amplias facultades de control, inspección e investigación de las condiciones de alojamiento, vigencia y respeto de los derechos humanos de toda persona privada de su libertad, por cualquier causa y en cualquier centro de detención, tal como lo establece en su Art. 1°.

A su vez, el Art. 18 establece como facultades expresas del Procurador Penitenciario, la realización de inspecciones, verificaciones, y auditorías a dichos lugares de detención. La citada Ley menciona “cualquier tipo de locales donde se encuentren personas privadas de la libertad”. Este concepto amplio de privación de la libertad tiene concordancia con lo establecido por las Reglas de Naciones Unidas para la protección de Menores Privados de la Libertad, adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113 (14/12/90), las que en su Art. 11, inciso b establecen que “por privación de la libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”.

Conforme dicha normativa, este organismo se encuentra facultado para ejercer sus funciones en los lugares donde se encuentren privados de su libertad niños, niñas y adolescentes –en adelante NNyA- independientemente de las causas por las cuales hayan sido institucionalizados, en la medida en que la “autoridad judicial o administrativa” a cuya disposición se encuentren bajo custodia sea de carácter federal o nacional.

Sin embargo, pese a la mencionada normativa, desde el ejecutivo sistemáticamente se denegó a la PPN todo acceso a los Institutos de Menores dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF- dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) hasta que en el año 2016 la Corte Suprema de Justicia dirimió definitivamente la controversia con la resolución de un habeas corpus interpuesto por esta PPN en favor de las personas menores de edad alojadas en centros de detención dependientes de SENNAF.

Cabe referir que el 28/22/2012 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Número 26.827 que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la cual establece que la Procuración Penitenciaria de la Nación, sin perjuicio de las demás facultades establecidas por la ley 25.875, cumplirá las funciones de mecanismo de prevención de la tortura en todos los lugares de detención dependientes de autoridad nacional y federal (Art.32). De esta manera, se amplían considerablemente las facultades y misiones fijadas por la ley 25.875 a este organismo y se aclara definitivamente la competencia de monitoreo que tiene este organismo respecto de los Centros que alojan personas menores de edad.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del 05 de abril del 2016, reconoció enfáticamente el rol de monitoreo y control que tiene la PPN como órgano independiente, situado en el ámbito del Poder Legislativo para la protección de los derechos humanos de las personas detenidas en sede ejecutiva (artículos 1 y 21 de la ley 25.875)”. Asimismo, agregó que “[l]a ley 26.827 refrendó la facultad de la PPN de realizar inspecciones y de acceder a todos los lugares de detención, instalaciones y servicios, para entrevistarse sin previo aviso con personas privadas de su libertad en establecimientos de los Estados nacionales, provinciales o municipales, así como en cualquier otra entidad pública, privada o mixta.

La CSJN concluyó que las objeciones esgrimidas por la SENNAF respecto de la no competencia de este organismo para ingresar a los institutos de menores, carece de lógica pues, la PPN se encuentra facultada legalmente a proteger a todo individuo privado de libertad. En este sentido, la CSJN afirmó que una interpretación en contrario, implica negar a los NNyA su condición de persona.

A partir del mencionado fallo de la CSJN, la PPN comenzó a realizar visitas regulares a los Centros que alojan niños, niñas y adolescentes en cumplimiento de los deberes que las leyes 25.875 y 26.827 fijan al organismo.

Cabe aclarar que desde la sanción del Decreto del PEN Nº 873/16 (19/07/2016), los institutos de menores, residencias socioeducativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los dispositivos de supervisión y monitoreo, fueron transferidos al Gobierno de la CABA; y mediante decreto 492/16 (20/09/2016) de la Jefatura de Gobierno, designó al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) como el responsable de dichos dispositivos.

Condiciones materiales institutos CABA:

             Informe Instituto "Luis Agote"
             Informe CAD
 
Normativa


Radio PPN

Informacion Administrativa

Informe Anual 2016

Datos Públicos

Marcos de Paz

Diagnóstico Integral Adolescentes

RNCT 2016

Ley 27.375

Boletines Estadísticos

Info para Extranjeros

Hablan los números

Población de las unidades penitenciarias federales:  11.847 al 13/10/17
(Capacidad 11576 según SPF)
---------------------------------
Registro de fallecimientos bajo custodia del SPF:

2017: al 12 de Junio 17 (8 violentas)

2016: 36 (14 violentas)
2015: 38 (18 violentas)
2014: 51 (22 violentas)
2013: 45 (28 violentas)
2012: 56 (25 violentas)
2011: 36 (21 violentas)
2010: 33 (9 violentas)
2009: 47  (15 violentas)

Informe Fallecimientos

---------------------------------
Casos de torturas y malos tratos sobre agresiones físicas investigados y documentados por la PPN:

2017: al 30 de Mayo 300 

2016: 608
2015: 775
2014: 823
2013: 730
2012: 441
2011: 403
2010: 204
2009:
197
2008 :113

Datos sobre casos de tortura y malos tratos

---------------------------------

Niños, Niñas y Adolescentes Privados de Libertad en Centros de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires al 11 de Septiembre de 2017: 85 

Alojados en Agote: 38
Alojados en Belgrano: 11
Alojados en San Martín: 36 (V 31 M 5)

 

 

Sobrepoblación Carcelaria

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