Arresto Domiciliario: postura de la PPN y actividades conducentes a la modificación de la Ley

Opinión del Procurador Penitenciario en el diario Pagina 12 

La experiencia ha demostrado que la incorporación del instituto del arresto domiciliario al plexo normativo de la ley 24.660 ha sido un avance de suma importancia. La misma ha viabilizado que los jueces otorguen la posibilidad a los detenidos que padecen una enfermedad incurable, de transitarla en un lugar acorde con sus necesidades, lo que claramente hace al reconocimiento pleno de su dignidad y a merituar correctamente las dificultades con las que se enfrenta el Servicio Penitenciario, ante casos de enfermedades que requieren servicios e infraestructura, que éste no está en condiciones de brindar ni atender
En este sentido institutos como el arresto domiciliario, constituyen herramientas fundamentales que los jueces deben utilizar ante casos en los cuales el encierro no puede garantizar los estándares exigidos constitucionalmente para ser legítimo.
Sin embargo, este Organismo consideró de suma importancia ampliar los alcances del mencionado instituto, a otros casos que colocan al detenido en un estado tal de vulnerabilidad que amerita que el estado utilice alternativas al encierro en pos del respeto a la dignidad humana, el resguardo de los derechos del niño por nacer o del niño o incapaz, dependiente de su madre y/o tutora.
Es así que, considerando esta situación, y teniendo en cuenta la sobrevulneración que encarnan, por un lado las mujeres en general y más aún, aquellas que están embarazadas o tienen hijos pequeños a cargo (sea que vivan con ellas en la cárcel o no) la PPN presentó en 2007 un proyecto de ley que planteaba ampliar las hipótesis del arresto domiciliario a aquellos casos.
La comisión de legislación penal unificó este proyecto con otros dos, uno presentado por la Diputada Diana Conti y otro propuesto por la Diputada Marcela Rodríguez. El proyecto obtuvo media sanción al haber sido aprobado el 7 de noviembre de 2007 por diputados.
Y finalmente en diciembre de 2008 se sancionó la Ley 26.472 que modifica el art. 33 de la ley 24.660.
La PPN insistió mucho en la necesidad de aprobar dicha ley, manteniendo entrevistas con los Jefes de los distintos bloques e instando respecto de la necesidad de brindar alternativas menos lesivas que el encierro para los casos apuntados.
Celebramos la sanción de la Ley, sobre todo considerando que fue aprobada en un contexto de exigencia de “seguridad” por parte de la ciudadanía exponencialmente potenciado por los medios de comunicación.
La Ley 26.472 establece: “Modificase el Art. 32 de la Ley 24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
El juez de ejecución o juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria:
a.- Al interno enfermo cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b.- Al interno que padezca una enfermedad incurable en estado Terminal;
c.- Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;
d.- Al interno mayor de 70 años;
e.- A la mujer embarazada;
f.- A la madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad a su cargo

Art. 2º: Modificase el Art. 33 de la Ley 24.660 que quedará redactado de la siguiente manera:
“La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a, b y c del Art. 32 la decisión deberá fundarse en informes médico, psicológico y social. El juez, cuando lo estime conveniente podrá disponer la supervisión de la medida, a un patronato de liberados o a un servicio social calificado, de no existir aquel. En ningún caso la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.

La modificación legal plantea ahora el desafío de fijar estándares judiciales de aplicación de los nuevos supuestos que traza la modificación legal.



Informe Anual 2017

Radio PPN

Diagnóstico Integral Adolescentes

Informacion Administrativa

Datos Públicos

Marcos de Paz

Información Pública

RNCT 2016

Ley 27.375

Boletines Estadísticos

Info para Extranjeros

Hablan los números

Población de las unidades penitenciarias federales:  11.911 al 22/12/17
(Capacidad 11577 según SPF)
---------------------------------
Registro de fallecimientos bajo custodia del SPF:

2018 al 31 de enero: 8 (4 violentas)

2017: 40 (18 violentas)
2016: 38 (18 violentas)
2015: 38 (18 violentas)
2014: 51 (22 violentas)
2013: 45 (28 violentas)
2012: 56 (25 violentas)
2011: 36 (21 violentas)
2010: 33 (9 violentas)
2009: 47  (15 violentas)

Informe Fallecimientos

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Casos de torturas y malos tratos sobre agresiones físicas investigados y documentados por la PPN:

2018: Al 31 de marzo: 176

2017: 615 

2016: 608

2015: 775
2014: 823
2013: 730
2012: 441
2011: 403
2010: 204
2009:
197
2008 :113

Datos sobre casos de tortura y malos tratos

---------------------------------

Niños, Niñas y Adolescentes Privados de Libertad en Centros de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires al 28 de mayo de 2018: 96 

Alojados en Agote: 22
Alojados en Belgrano: 22
Alojados en San Martín: 52 (V 46 M 6)

 

Sobrepoblación Carcelaria

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