Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura

En el mes de junio de 2006 entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual prevé un doble sistema para la prevención de la tortura: por una parte, la creación de un Subcomité internacional, constituido por expertos de varios países y, por otra parte, el establecimiento en cada uno de los Estados parte de un Mecanismo Nacional de Prevención, que es el organismo que debe asumir el peso de la prevención de la tortura mediante la realización de visitas periódicas a los lugares de detención.
A partir de la entrada en vigor del Protocolo, los Estados disponían de un año para cumplir con el mandato de establecer un Mecanismo Nacional de Prevención. En el mes de junio de 2007 venció el plazo en que el Estado argentino se había comprometido a mantener, designar o crear “uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional”.
Luego de que la Argentina ratificara el Protocolo Facultativo, se sucedieron dos “etapas” en el camino hacia su implementación. Durante la primera, fue el Poder Ejecutivo Nacional el que se erigió en núcleo del proceso de formulación del futuro Mecanismo Nacional. Pero al cabo de las primeras discusiones se hizo evidente que la intervención del Ejecutivo habría de afectar la “independencia funcional” (art. 18 del Protocolo) del mecanismo propuesto; así como la necesidad de tomar en cuenta los sistemas de visita y monitoreo ya existentes, especialmente la Procuración Penitenciaria de la Nación. Al tiempo que algunos Estados Provinciales plantearon objeciones ante las propuestas iniciales en base al principio de autonomía local.
A comienzos de 2008 comenzó a conformarse un colectivo de organizaciones de la sociedad civil (en sentido amplio), que tuvo entre sus primeras actividades el seminario “Debates en torno a la implementación del Protocolo Facultativo contra la Tortura en Argentina”, organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Uno de los frutos de ese y otros encuentros fue la coordinación de un colectivo de unas veinte instituciones, de distintos lugares del país, interesadas en la cuestión carcelaria; colectivo que decidió elaborar un proyecto de ley destinado a la creación del mencionado Mecanismo Nacional.
En julio de 2008 este grupo de ONG’s presentó al Ministro de Justicia el proyecto de ley que había sido elaborado durante los meses anteriores. Luego de lo cual, las deliberaciones de los actores involucrados y la inacción del Poder Ejecutivo terminó determinando la segunda “etapa” en el camino hacia la implementación del Protocolo en Argentina.
La segunda etapa hacia la implementación del Protocolo Facultativo está determinada, por un lado, por la existencia en los hechos de un conjunto de instituciones – estatales y de la sociedad civil– que se encuentran desarrollando visitas a lugares de detención y otras actividades conexas, orientando su accionar –cada vez de forma más explícita– en los postulados del Protocolo Facultativo. Entre esas instituciones, se encuentra el grupo de ONG’s antes mencionado, cuyo principal referente en esta materia es el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, así como la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Promovidos por esos y otros actores de todo el país, con el apoyo de instituciones internacionales vinculadas al Protocolo Facultativo, algunas provincias argentinas han avanzado en la designación de mecanismos locales de prevención de la tortura, bajo la inspiración de esta normativa internacional.
Durante el año 2010 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación fue el ámbito en el cual se llevó adelante un proceso de diálogo y consulta, amplio y pluralista, acerca de la institucionalización del Mecanismo Nacional de Prevención; que había sido fijado como prioridad de las tareas de esa Comisión por decisión unánime de todos los bloques legislativos.
En esas deliberaciones, que se desarrollaron en sucesivas reuniones de asesores y diputados e incluyeron sesiones conjuntas con otras comisiones, se trabajó sobre la base del proyecto que fuera elaborado por un colectivo de ONGs durante 2008 y que fuera repuesto en 2009 por la Diputada Victoria Donda Pérez y otros (Expte.: 4810-D-2009, Trámite Parlamentario: 130 - 02/10/2009), al que se efectuaron diversos aportes a partir del proyecto del Diputado José César Gustavo Cusinato (Expte.: Nº 5034-D-2008, Trámite Parlamentario Nº 120 -12/09/2008-, reproducido por Expte.: 0414-D-10, Trámite parlamentario Nº 7).
Durante esas reuniones, en las que participaron representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, se fue avanzando en la búsqueda de consensos sobre el mejor modo de institucionalizar el Mecanismo de Prevención exigido por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Llegándose finalmente a un dictamen aprobado por unanimidad en las tres Comisiones que tuvieron intervención (Derechos Humanos; Peticiones, Poderes y Reglamentos; y Presupuesto), aunque con algunas disidencias parciales.
Una de las cuestiones más discutidas a lo largo de ese rico proceso colectivo fue cómo crear un mecanismo institucional que tuviese vigencia en todo el país desde el momento mismo de la sanción de la respectiva ley nacional, sin necesidad de “adhesión” por parte de los estados provinciales. Finalmente los legisladores se inclinaron por una fórmula de “cogobierno federal” que será ejercido por un “Consejo Federal” (integrado por representantes de todos los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura y por la PPN,  con funciones de evaluación y seguimiento de la actuación de dichos mecanismos locales), en línea con las propuestas que ha venido formulando la Procuración Penitenciaria en sus documentos.
A su vez, en línea con las propuestas previas, el proyecto crea un Comité “Nacional” como máxima autoridad ejecutiva del MNP y asigna al sistema un carácter mixto, con participación de la sociedad civil.
En cuanto al papel de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el dictamen aprobado establece que ésta formará parte del mecanismo, cumpliendo la función de Mecanismo Nacional de Prevención en todos los lugares de detención dependientes de autoridad nacional o federal (art. 32). Al mismo tiempo, reserva un lugar fijo (el único previsto en el proyecto) para el Procurador Penitenciario en la mesa directiva del Comité Nacional (art. 11) y también un lugar en el Consejo Federal (art. 21).
Ese dictamen perdió estado parlamentario a comienzos del año 2011. Tras lo cual, la Diputada Victoria Donda (y otros) repuso el proyecto, proponiendo el texto de ley aprobado por las comisiones durante el año anterior.
Finalmente y luego de innumerables esfuerzos por parte de todos los actores sociales que tuvieron participación en este largo proceso    El Congreso aprobó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Tras las modificaciones que el Senado introdujo, el Congreso aprobó luego de una extensa sesión en Diputados la Ley de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Con la sanción de esta norma la Argentina está cumpliendo con el compromiso internacional adquirido al ratificar el Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura.
La norma obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 7 de septiembre de 2011. Luego de un largo proceso legislativo, fue aprobada por el Senado el 14 de noviembre de 2012, aunque con modificaciones relativas a la composición del Comité Nacional, por lo que requería nueva aprobación en Diputados. Finalmente, el pasado miércoles 28 de noviembre la Cámara de Diputados convirtió en Ley el Proyecto Legislativo de creación del MNP de la Tortura Queda por delante la conformación de Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la designación en cada Provincia y la CABA de su propio Mecanismo de Prevención de la Tortura y la integración del Consejo Federal de Mecanismos Locales. En el caso del ámbito federal, la Procuración Penitenciaria de la Nación cumplirá la función de Mecanismo de Prevención de la Tortura, integrando el Procurador tanto el Consejo Federal como el Comité Nacional.
Para mayor información, pueden consultarse los capítulos específicos del Informe Anual 2008, Informe Anual 2009, Informe Anual 2010 y Informe Anual 2011.


Estándares de la PPN sobre visitas a lugares de detención e investigación de la tortura y muertes en prisión:
Por otro lado, en función de sus años de experiencia como organismo de control de las cárceles federales de la Argentina, la Procuración Penitenciaria de la Nación ha ido estableciendo algunos protocolos de actuación estandarizados para el abordaje de las situaciones más graves de vulneración de derechos humanos de las personas presas (los casos de tortura y malos tratos o de fallecimiento de personas privadas de libertad), así como para el monitoreo de establecimientos penitenciarios.
En este sentido, se ponen a disposición de los interesados tres herramientas que este organismo ha desarrollado en ese campo. En primer lugar, el “PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EFICACES DE CASOS DE TORTURA Y MALOS TRATOS", establecido por la Procuración Penitenciaria de la Nación en base a los principios y criterios del Protocolo de Estambul - 2007”, (Aprobado por la resolución Nº 105-PP-07), que comenzó a aplicarse a partir del día 1º de octubre de 2007 en los lugares de detención de esta ciudad y su radio metropolitano.
Luego se incluye el “PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE FALLECIMIENTOS EN PRISIÓN”, elaborado por el Observatorio de Prisiones de este organismo, que fue aprobado por el Procurador Penitenciario mediante Resolución 00169-08, de 18 de diciembre de 2008, aplicándose a partir del primero de enero de 2009.
Finalmente, se agrega el "PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS FEDERALES", elaborado por el Área de Auditoría de la Procuración, y que consiste en un desarrollo de la metodología empleada por este organismo durante los últimos años para el monitoreo de unidades penitenciarias, así como algunos de los instrumentos de relevamiento empleados en esa tarea (Aprobado mediante Resolución Nº 36/09PP de fecha 20 de abril de 2009).



 

Para bajar el documento hacer click con el botón derecho y elegir "Guardar destino como..." o "Guardar enlace como..."


Datos Públicos

Radio PPN

Informe Anual 2016

Boletines Estadísticos

RNCT Informe Anual 2015

Info para Extranjeros

Hablan los números

Población de las unidades penitenciarias federales:  11.530 al 15/6/17
(Capacidad 11314 según SPF)
---------------------------------
Registro de fallecimientos bajo custodia del SPF:

2017: al 12 de Junio 17 (8 violentas)

2016: 36 (14 violentas)
2015: 38 (18 violentas)
2014: 51 (22 violentas)
2013: 45 (28 violentas)
2012: 56 (25 violentas)
2011: 36 (21 violentas)
2010: 33 (9 violentas)
2009: 47  (15 violentas)

Informe Fallecimientos

---------------------------------
Casos de torturas y malos tratos sobre agresiones físicas investigados y documentados por la PPN:

2017: al 30 de Mayo 300 

2016: 608
2015: 775
2014: 823
2013: 730
2012: 441
2011: 403
2010: 204
2009:
197
2008 :113

Datos sobre casos de tortura y malos tratos

---------------------------------

Niños, Niñas y Adolescentes Privados de Libertad en Centros de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires al 17 de Abril de 2017: 95 

Alojados en Agote: 41
Alojados en Belgrano: 17
Alojados en San Martín: 37 (V 30 M 7)

 

 

Sobrepoblación Carcelaria

Proyecto Ley Traslados

Conocé tus Derechos

Los temas de hoy

  • La cantidad de presos en cárceles federales llegó al máximo histórico, denunció la Procuración Penitenciaria - Diario UNO - Enlace
  • El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles monitoreó el Instituto San Martín - Centro de Información Judicial - Enlace
  • Un día de cine contra la mano dura - Página 12 - Enlace
  • Argentina triplica sus presos pero la sociedad pide más mano dura - El País - Enlace
  • La cantidad de presos en Argentina aumentó casi un 190% en los últimos 20 años - Telam - Enlace

Mapa Navegable Unidades

Informacion Administrativa