12 de Octubre, 2018.

Se presentó una nota ante el juez federal de Salta Ernesto Hansen y ante la Cámara Federal, solicitando que una detenida procesada con prisión preventiva y alojada en el Complejo Federal de Güemes, pudiera viajar a Santa Cruz de la Sierra a visitar a su hijo enfermo de cáncer. 

El 11 de octubre la Procuración Penitenciaria tomó conocimiento mediante una nota periodística del medio digital Infobae sobre la situación de Claudia S. E. ciudadana boliviana que se encuentra detenida preventivamente hace un año en el Complejo Federal de Güemes, provincia de Salta.

La mujer en cuestión fue detenida al cruzar la frontera con dos valijas que contenían estupefacientes. Su situación económica precaria y la enfermedad terminal de su hijo de 13 años la empujaron a tomar esta decisión en pos de recibir un pago que le ayudaría a costear el tratamiento de su primogénito.    

La Procuración Penitenciaria viene alertando y sosteniendo hace años que el modelo de políticas de drogas vigente en la región afecta y vulnera los derechos humanos de la población en general, de las mujeres y el colectivo LGBT en particular. América Latina ha sido particularmente afectada por las consecuencias de un enfoque punitivo y represivo en materia de drogas. En un contexto político de creación de agenda regresiva, resulta fundamental poder evidenciar el impacto en los derechos humanos que conlleva la actual ley de drogas en Argentina y mostrar de qué modo las mujeres son particularmente criminalizadas.

Las mujeres encarceladas en América Latina mayoritariamente son jóvenes, sin antecedentes penales, pobres, madres solteras y jefas de hogar, con baja escolaridad, responsables del cuidado de sus hijas/os y de otras personas integrantes de la familia.

El Equipo de Estadística y Bases de Datos de la Procuración, en el marco de la línea de indagación acerca de la problemática del encarcelamiento de mujeres y las políticas de drogas, procesó la actualización de datos correspondientes al 31 de diciembre de 2016. Para ese momento había 774 mujeres detenidas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. El 60,6% estaban detenidas por la Ley 23.737, configurando así la primera causa de detención para las mujeres.

El alojamiento de este grupo en particular estaba concentrado, principalmente, entre el Complejo Penitenciario Federal IV (55,2%) y el Complejo Penitenciario Federal III —Salta— (28,1%). El 54,2% de ellas eran argentinas, el resto de las mujeres provenían de países limítrofes.

El fenómeno de la prisionización de mujeres por delitos de drogas debe ser uno de los ejes protagonistas al momento de analizar la política criminal y sus derivados: la sobrepoblación carcelaria, las dinámicas de violencia intracarcelaria, la desigualdad, la ausencia de planificación de políticas públicas con perspectiva de género y el impacto a los derechos humanos de las mujeres cis/trans, niñxs y víctimas colaterales.

Es así que, considerando todas estas cuestiones, este organismo remitió la nota referida  solicitando que se adoptara una resolución para el caso que con base a un criterio de humanidad permita que Claudia pueda viajar a estar con su hijo. En este sentido se recordó la importancia de los lineamientos y recomendaciones vertidos en la “Guía para la Reforma de Políticas en América Latina y el Caribe – Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento” coordinada por el Consejo Interamericano de las Mujeres (CIM), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presentada en Argentina en el año 2016 por esta Procuración junto al CELS y a la Defensoría General de la Nación. Los lineamientos anteriormente descriptos son afines a una mirada respetuosa de los derechos humanos.

En el mismo día 11 de octubre el Juez Federal resolvió conceder a Claudia 30 días para que pueda viajar a Bolivia a estar con su hijo. Sin perjuicio de ello esta PPN seguirá trabajando con el Defensor Oficial para conseguir su sobreseimiento.

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