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Historia

La Procuración Penitenciaria fue creada inicialmente por el Poder Ejecutivo a través del Decreto Nº 1598 del 29 de julio de 1993, con el objetivo de proteger con rapidez, eficacia y por métodos no tradicionales, los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad, comprendidas dentro del régimen penitenciario federal. 
Técnicamente, la institución había sido diseñada como un “Ombudsman sectorial” en la esfera del Poder Ejecutivo, cuya finalidad era el control de la administración en lo que respecta al rol de custodia de las personas sometidas al encierro carcelario. 
Tras diez años de funcionamiento, a través de la ley 25.875 (B.O. 22/01/04) la Procuración Penitenciaria fue insertada en el ámbito del Poder Legislativo.
 La autonomía respecto del Poder Ejecutivo constituía una cuestión pendiente, debido a la función de control que la Procuración Penitenciaria tiene respecto del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia.
Con el nuevo encuadre jurídico de la Procuración Penitenciaria el proyecto de esta gestión sigue siendo constituir un órgano de control estricto de la actividad de la administración penitenciaria, a fin de garantizar que la ejecución de la pena se desarrolle en el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.