Publicado en el suplemento

Acciones para la Participación Ciudadana, de Diario Perfil.

En Argentina, hay más de 100 mil personas alojadas en las 62 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en las 32 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), además de los lugares de detención transitoria. En marzo de 2019, se declaró la emergencia carcelaria en el SPF. ¿Las razones? Sobrepoblación y hacinamiento. Hoy, en plena pandemia, los casos de COVID agudizan una problemática que no encuentra solución desde hace varios años. ¿Es eficaz el sistema carcelario? ¿Qué falla? ¿Cómo se resuelve?

“A fines del año pasado, encontramos una población privada de su libertad sin precedentes. Hubo un aumento muy importante en los últimos cuatro años, nunca se alcanzó una cifra similar. Entre 2015 y 2018, se incrementó en un 30% la cantidad de presos en el país y produjo una sobrepoblación de un 22%. Eso indica que se encarcelan más personas de las que permite el sistema y vulnera los derechos humanos”, expresa Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), desde donde anualmente realizan un informe con datos y estadísticas al respecto.

Para ella, en todo el mundo, el encarcelamiento es “un recurso limitado y muy caro. En ningún lado se encarcela a todas las personas que cometen delitos. El sistema penal es selectivo”. “No podemos seguir forzando el cupo -continúa-, porque de esta forma se genera hacinamiento y las cárceles dejan de cumplir con su finalidad de resocializar y reinsertar, no se aprenden oficios ni tienen la posibilidad de estudiar. Son lugares violentos, donde se vulneran derechos y salen peor de lo que ingresaron”.

¿En qué situación llegó el COVID? “Nos encontró con las cárceles más llenas que nunca”, informa la funcionaria de la PPN. Los datos sobre la cantidad de contagiados no son certeros, pero, según la directora del Observatorio, se estima que hay más de 1.150 infectados y ya se contabilizaron 50 muertos por coronavirus. “Recibimos muchas denuncias de que no se cumplen con las medidas sanitarias, no les dan elementos de higiene, lo cual es histórico, y los barbijos son solo para quienes deben salir del pabellón”, apunta.

Para Leandro Halperin, legislador porteño, abogado y especialista en el tema, “la situación es complicada, hay poca información y muchos casos de COVID dentro, lo cual complica el panorama aún más”. “No sabemos -indica-, a ciencia cierta, cuántos trabajadores penitenciarios ni cuántas personas privadas de su libertad se contagiaron, así como tampoco en qué condiciones están. No hay información oficial y lo veo con preocupación”.

¿Cómo es estar privado en la libertad y en cuarentena? Alejandro lleva más de ocho años preso en una unidad de la Provincia de Buenos Aires: “Ahora no estamos yendo a trabajar, salimos lo menos posible. Sabemos que hay siete contagiados acá, que están aislados, pero la atención médica es terrible, parecen veterinarios y nos tratan como animales”, se queja. Su denuncia va más allá. “El sistema carcelario está absolutamente corrompido: trabajé en la carnicería, donde llegaban camiones con 20 medias reses, de las cuales 16 se las llevaban en una camioneta para consumo externo. El ‘rancho’, la comida, todo es un asco. Si no tenés una familia que te traiga alimentos y productos de higiene, estás al horno”, resalta.

"El COVID nos encontró con las cárceles más llenas que nunca", asegura Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria Nacional.

Para Alejandro, “la cárcel sirve, lo que no sirve es la formación que tienen los empleados”. “Te generan mucho odio y rencor con su trato, por lo que, cuando salís, en vez de estar mejor, estás peor. Adentro ves el robo, la maldad y la violencia y juntás mucho resentimiento”, se queja.

Año a año, desde el Observatorio realizan un informe sobre las condiciones carcelarias. En 2019, se reportaron 427 casos de tortura, 18 muertes violentas y 32 fallecimientos por enfermedades. “Violaciones de Derechos Humanos hay de todo tipo, como golpes, maltratos, aislamiento y falta de atención a la salud, entre otras”, aclara Monclús Masó, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. La sobrepoblación vuelve la situación incontrolable y la violencia se torna una herramienta cotidiana para el control del espacio. 

Las causas del hacinamiento son varias. Una de ellas es la falta de sentencia firme de un 50% de los presos. “Es un problema histórico y señala el mal funcionamiento del sistema judicial. Porque tener a la mitad de las personas sin condena significa que hay un abuso de la prisión preventiva o muchas demoras en el juzgamiento. Esto trae consecuencias muy graves, además de la sobrepoblación. A estas personas no se les aplica un tratamiento penitenciario ni avanzan en la progresividad, que es la mejor forma para lograr que puedan retornar a la sociedad con redes y acompañamiento, como prevé la ley. Significa que salen de prisión sin orientación, sin saber de recursos para acceso a la vivienda u oficios”, afirma la directora del Observatorio.

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