El primer trimestre de 2018 alcanzó el record de personas detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. La cifra no es en relación al año pasado, ni entre trimestres: es la cifra de mayor cantidad de personas alojada en la historia del SPF. El dato surge del Boletín Estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación que, junto a la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y DD.HH. conforman el Registro Nacional de Casos de Torturas (RNCT). El informe anual del RNCT fue presentado recientemente y da la perspectiva de hacinamiento, violencia y torturas en las cárceles federales durante 2017.

La cifra correspondiente al primer trimestre de este año, la cifra récord, fue de 12.084 personas alojadas. Comparada con la cifra del mismo trimestre del año pasado (11.233), 851 personas más, da un incremento de 7,57 por ciento. La tendencia a la prisionalización se observa desde hace años.

En el Boletín Estadístico se registra que la cantidad de personas alojadas era de 9.971 personas: 2113 personas más, lo que representa más de la quinta parte 21,19 por ciento.

En la presentación del informe anual (correspondiente a 2017) del RNCT, sus presentadores sostuvieron que como resultado de la “expansión de las políticas punitivistas desplegadas a partir del año 2013 y profundizadas en los dos últimos años, ambos servicios penitenciarios –el Federal-Nacional y el Bonaerense–, registraron un aumento de la población encarcelada de un 8,53 por ciento y 11,62 respectivamente en el último año”.

Asimismo, los referentes sostuvieron que “en el trabajo de campo realizado en 2017, sólo en 71 lugares de encierro, se relevaron 1.408 víctimas que denunciaron 5328 hechos de torturas y/o malos tratos. La mayoría de las víctimas, más del 70 por ciento, tienen menos de 35 años. Jóvenes de los sectores más pobres de la sociedad, esa es la marca selectiva del sistema penal”.

Las torturas y los malos tratos llegan de la mano del hacinamiento. También el deterioro de la salud. En promedio, la atención de los problemas de salud de las personas presas se resuelve en un año y dos meses.