Las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) suman 12 muertes de personas bajo su custodia desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19. Del total de las personas fallecidas en centros de detención federales, solo tres eran menores de 60 años, y todas integraban los grupos de riesgo, según informó la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).  El total de muertes se eleva a 29 si se suman otras causas. 

Las muertes ocurrieron a pesar de las acordadas de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la Cámara Federal de Casación Penal que recomendaron otorgar prisión domiciliaria a las personas incluidas en grupos de riesgo y que no estuvieran detenidas por delitos graves. Sin embargo, la distorsión mediática que alertó sobre la supuesta liberación de "homicidas y violadores" puso presión sobre el sistema de justicia. 

El informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) advierte que, aunque se logró resolver la sobrepoblación de las cárceles federales, las personas detenidas en dependencias federales reclaman, en medio de la pandemia, "la infrecuente atención médica --incluso en aquellos pabellones donde se han producido muertes por COVID19-- y la delegación de las tareas de control y seguimiento en auxiliares de enfermería". 

Los testimonios brindados a la PPN también destacan la escasez en el suministro de necesidades básicas (comida, jabón, lavandina) y la inexistencia de otros (barbijos, alcohol en gel). Esto ocurre a pesar de que el SPF reforzó el suministro de elementos básicos, entre otras medidas de prevención, como la suspensión de las visitas familiares y la reducción de la circulación entre los penales federales.  

Limitación de arrestos domiciliarios

Esas medidas se tomaron desde fines de marzo y se revisaron y reforzaron a fines de abril. Se alcanzó un acuerdo que puso fin al motín de la cárcel de Devoto en reclamo de medidas preventivas frente a la pandemia. De todas maneras, la PPN señala que 
"los arrestos domiciliarios ordenados han comenzado a limitarse considerablemente desde mayo, precisamente cuando la circulación e impacto del virus ha comenzado a crecer notoriamente dentro y fuera de las cárceles". 

Desde entonces, a pesar de las acordadas, los tribunales comenzaron a negar los pedidos de prisión domiciliaria amparados en la existencia de protocolos dentro del SPF y los informes elaborados por sus servicios médicos, que destacan poder garantizar una adecuada asistencia a la salud en el encierro. "Lo que queda descartado a medida que se reproducen los casos de contagios y muertes", apunta el PPN. 

Además de los 12 fallecimientos por Covid-19, el informe del PPN señala que el número muertes bajo custodia del SPF se eleva a 29, a causa de diversas enfermedades, cuatro homicidios, tres ahorcamientos y una en contexto de incendio. "Se trata de una cifra elevada para un período apenas superior a los cinco meses, comparativamente con años anteriores, lo que permite pensar impactos indirectos de la pandemia", asegura la procuración. 

Un caso, todos los casos 

El último fallecimiento por Covid-19 ocurrió el domingo pasado. La persona privada de su libertad, de 57 años, murió en el Hospital Muñiz. El hombre estaba detenido de manera preventiva, por un delito de drogas, tenía enfermedades previas como diabetes e hipertensión arterial, por lo que integraba el grupo de riesgo. 

"La defensa pública había solicitado en dos ocasiones su arresto domiciliario ante su grave estado de salud y por el estado de necesidad apremiante en que se encontraba su hijo, que pasó a habitar solo desde su detención", agrega el informe del PPN. 

Pero la prisión domiciliaria le fue negada en primera instancia por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 de Capital Federal y, en apelación, por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces se ampararon en los protocolos dictados por el SPF y los informes médicos del CPF I de Ezeiza, que aseguraron poder garantizar una adecuada atención. El hombre fue derivado al Muñiz y falleció.  

Las 11 personas fallecidas antes de él también eran parte de los grupos de riesgo, con enfermedades coexistentes: afecciones cardíacas, respiratorias, diabetes. El hombre que falleció en el Muñiz fue uno de los tres menores de 60 años. Entre el total de casos, el promedio es de 67 años hasta el momento. Como en este último caso, a varios de los fallecidos se les había rechazado recientemente sus arrestos domiciliarios. 

"Aún estamos a tiempo de evitar una mayor tragedia sanitaria dentro de las prisiones federales. Para ello resulta indispensable garantizar el suministro de elementos básicos entre la población detenida, un permanente seguimiento por profesionales de la salud y una racional aplicación de institutos de morigeración del encierro por parte de la administración de justicia penal", reclama la PPN.