17 de Agosto, 2018.

El Procurador Penitenciario de la Nación participó de la Jornada preparatoria  de la reunión ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que nuestro país deberá explicar sus políticas públicas en la materia.

Organizado por Naciones Unidas y el Observatorio de Derechos Humanos el pasado jueves 16 se llevó adelante en el Salón Perito Moreno-Frondizi del Senado de la Nación  la jornada de debate, Argentina: El examen de los Derechos Humanos. El rol del Poder Legislativo en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas

Entre los disertantes, estuvo presente el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en la Argentina, Sr. René Mauricio Valdés, el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación Argentina, Dr. José Schapira. El Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, Dr. Fabián Salvioli, la Diputada Nacional, Brenda Austin y la Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Norma Morandini.

El Dr. Fabián Salvioli manifestó que el Estado debe ser garante de los Derechos de los ciudadanos ya que es la finalidad de las políticas públicas.

Junto al Dr. Mugnolo participaron representando a nuestra Institución, la Directora del Observatorio de Cárceles Federales, Dra. Marta Monclus Maso y el Subdirector de Legal y Contencioso Penal, Dr. Rodrigo Borda.

Durante su exposición, el Procurador Penitenciario afirmó que una recomendación es una obligación a cumplir y que “sirven como un sendero por el cual tenemos que transitar”. Además, expresó su aspiración que Argentina dé una respuesta positiva a las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

El Dr. Rodrigo Borda, por su parte, explicó que en Argentina tenemos graves problemas con las cárceles, la tortura y las malas condiciones de detención. De tal forma, remarcó que la Procuración Penitenciaria trabaja en conjunto con otros organismos de derechos humanos y diferentes actores institucionales, entre ellos el Comité contra la Tortura. Mencionó además el proyecto de ley del Organismo sobre control de sobrepoblación, propuesta que concluía en declarar la emergencia carcelaria.