03 de Junio, 2019.

La Procuración Penitenciaria se presentó en calidad de amigo del tribunal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tres meses de la expulsión de una ciudadana peruana y su bebé argentino.

El 4 de febrero, Vanessa Gómez Cueva y su bebé de dos años fueron separados de su familia -dos niños de 5 y 14 años- al ejecutarse una disposición de la Dirección Nacional de Migraciones que ordenaba su expulsión y prohibición permanente de reingreso a Argentina.

Vanessa estuvo detenida en una cárcel del SPF cumpliendo una pena por el delito de comercio de estupefacientes. Al recuperar su libertad estudió y se graduó de Técnica Superior en Enfermería, dedicándose al cuidado de adultos mayores, lo que le permitió solventar económicamente su hogar. Todo ello, a pesar de no contar con documentación argentina vigente, por el antecedente penal.

La presentación de la PPN ante la CIDH, que acompaña la solicitud de medida cautelar, se apoyó en cuatro ejes fundamentales que debieron ser considerados.

En primer lugar, Vanessa se sobrepuso a las vicisitudes del medio libre, por lo cual el proceso de reinserción social podría considerarse cumplido. Toda pena que no cumpla ese fin se tornaría carente de sentido e ilegal.

En segundo lugar, se advierte una desproporcionalidad de la pena y un doble castigo. El antecedente penal que provoca la expulsión se basa en un delito no violento, recurrente en mujeres como Vanessa: madres, jefas de familia, migrantes y en situación de vulnerabilidad.

El tercer aspecto se vincula con el derecho a la reunificación familiar. En los procesos migratorios, la familia debe ser protegida de injerencias arbitrarias del Estado. Los hijos argentinos de Vanessa deberían abandonar forzosamente su país de origen, su escuela y sus afectos para recuperar su familia.

Finalmente, la expulsión de la mujer y su bebé no es un hecho aislado sino que se inscribe en la política migratoria regresiva vigente a partir del DNU 70/2017, cuya constitucionalidad se encuentra analizando la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por estos motivos, la PPN entiende que debe resolverse favorablemente la medida cautelar en favor de Gómez Cueva y sus tres hijos menores de edad. Debe revocarse la orden de expulsión y levantarse la prohibición de reingreso para garantizar su retorno y el de su pequeño hijo al país con el fin de regularizar su situación migratoria.