28 de Agosto, 2020.
Se llevó adelante la última etapa del Proyecto FO.AR "Fortalecimiento de mecanismos de protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad” mediante encuentros virtuales entre la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile, contando con la participación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Chile.
Los días 26 y 27 de agosto integrantes de la PPN participaron de un webinar junto al INDH -Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile-, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Chile, el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile, el Cuerpo Médico de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Cancillería Argentina.
El objetivo de los encuentros radicó en compartir experiencias con respecto al sistema de recomendaciones, a la situación carcelaria y a la adopción de medidas frente a la pandemia del COVID-19.
A lo largo de las dos jornadas se conversó sobre la aplicación del Protocolo de Estambul, la aplicación de las Reglas Mandela y el fenómeno del aislamiento como medida de resguardo de la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad.
En la primer jornada participaron por PPN el Procurador Penitenciario Adjunto Interino, Ariel Cejas Meliare; la Directora General de Protección de Derechos Humanos, Andrea Triolo; la Directora del Observatorio de Cárceles Federales, Marta Monclús Masó; la Directora de Cooperación y Asuntos Internacionales, Mariana Sheehan; la coordinadora del Equipo de Estadística y Bases de Datos, Bernarda García; asesores/as de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, Luna Paradizo, Ezequiel Valverdi y Julieta Reyes.
Por INDH participaron: el Jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia, Rodrigo Bustos; la Coordinadora de Denuncias, Marlenne Velásquez; la Coordinadora de Condiciones Carcelarias, María Daniela Lara; la Coordinadora área monitoreo y seguimiento a obligaciones del Estado. Unidad de Estudios, Mariela Infante; representantes de la Unidad de Estudios, Pablo Rojas, Fernando Espinoza y Jenifer Alfaro; y el Secretario Ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Ivan Fuenzaliza. Además, se contó con la presencia de Juliana Zedan y Paola Caro, por parte de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Chile (AGCID). Algunos puntos a resaltar del día fueron el mecanismo que llevan adelante cada institución a fin de gestionar el sistema de recomendaciones, las fortalezas y obstáculos.
En la jornada de cierre se destacaron algunas líneas como ser la labor que lleva a delante cada organismo frente a la problemática actual de COVID 19 que permitió replantear el modo de abordaje del monitoreo para poder continuar con la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Estuvieron presentes por parte de la PPN, la Directora General de Protección de Derechos Humanos, Andrea Triolo; la Directora del Observatorio de Cárceles Federales, Marta Monclús Masó; la Directora de Cooperación y Asuntos Internacionales, Mariana Sheehan; el Subdirector Legal y Contencioso Penal, Rodrigo Borda; la coordinadora del Equipo de Ezeiza, Natalia Osorio Portolés; asesoras del Área de Auditoria, Soledad Ballesteros y Laura Rossetto; asesoras de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, Luna Paradizo y Julieta Reyes. Por el INDH, el Director del INDH, Sergio Micco; la Coordinadora de Denuncias, Marlenne Velásquez; la Coordinadora de Condiciones Carcelarias, María Daniela Lara; el asesor encargado de las relaciones internacionales y con la sociedad civil, Yamil Aitor Musa.
Se contó también con la participación del Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Cuerpo Médico de Chile, Enrique Morales junto con una asesora, Rosa Villa; representante del Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile, Fernando Mardones. A su vez, formaron parte Juliana Zedan de la AGCID y Juliana Lazagabaster de Cancillería Argentina.
Si bien este proyecto concluyó, se ha puesto en evidencia que esto es recién un comienzo de estrechar lazos y redes que permitan intercambiar experiencias y buenas prácticas que motiven un mejor abordaje en materia de derechos humanos de personas privadas de libertad.