04 de Septiembre, 2020.

En el marco de la celebración del día del inmigrante en Argentina, la PPN refuerza su compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas extranjeras privadas de libertad.

A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. Históricamente nuestro país ha sido receptor de personas migrantes que han colaborado en el desarrollo de las condiciones políticas, económicas y sociales tanto del lugar de origen como del de destino.

El desarrollo de un plan de vida en un país, distinto del de origen o residencia habitual, puede verse truncado por diversos motivos, entre ellos la captación por parte del sistema penal.

La situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad suele ser indicativa del grado de respeto que se tiene por los Derechos Humanos en un país determinado. Existen lugares donde esos derechos pueden ser quebrantados más fácilmente: los lugares de privación de libertad. Más aún si la privación de libertad se ejecuta en un país distinto del de origen o residencia habitual, como es el caso de las personas extranjeras presas en nuestro país. La experiencia de trabajo de esta PPN a lo largo de todos estos años, a través del Área de Extranjeros en Prisión y APLE, permite esbozar distintas dimensiones que atraviesan la vida en prisión del colectivo extranjero y los coloca en situación de especial vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales. El aislamiento cultural, social y familiar, las diferentes legislaciones, las situaciones personales complejas por enfermedad o carencia de medios para hacer menos duras las condiciones de vida cotidianas, sumado a la exposición a cambios climáticos y diferente alimentación, definen la singularidad que adquiere el encarcelamiento de las personas extranjeras en nuestro país. A ello se deben añadir las principales problemáticas que en términos generales afectan la vigencia de los Derechos Humanos en las cárceles, tales como el constante incremento de la población detenida y la consecuente sobrepoblación, la persistencia de las prácticas de tortura y las muertes bajo custodia.

Según datos recientes del Servicio Penitenciario Federal, la población extranjera detenida asciende a un total de 1.992 personas, representando el 17% respecto del total. A nivel nacional, el total de personas extranjeras presas se sostiene alrededor del 6%. La sobrerrepresentación del colectivo extranjero al interior de las cárceles federales se explica, entre otros factores, debido a que gran parte de estas personas están detenidas por la Ley de Drogas Nº23.737. Y pese a la desfederalización de algunos delitos en algunas jurisdicciones, el grueso de estas personas permanece a disposición del fuero federal. En el último informe anual de la PPN, se dieron a conocer datos específicos de las personas extranjeras en prisión que permiten una mejor comprensión del fenómeno.

En el contexto mundial actual de pandemia por COVID-19, la realidad carcelaria se ha visto atravesada en forma peculiar, impactando en forma general a las personas presas. Las diversas medidas adoptadas en el ámbito judicial y administrativo han tenido como factor predominante aspectos vinculados con el derecho a la salud postergando particularidades en torno a la extranjería. No obstante ello, este organismo sostiene el abordaje especifico que la población extranjera presa demandan.