30 de Noviembre, 2020.
El pasado 25 de noviembre se organizó un encuentro virtual con el objetivo de debatir el impacto de las políticas de drogas en el encarcelamiento de mujeres en América Latina.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se llevó adelante el conversatorio "Políticas de drogas y género. La sobredosis carcelaria". Mariana Lauro, responsable del área de Colectivos Vulnerables en Prisión, formó parte del panel expositor y explicó el trabajo de la Procuración Penitenciaria de la Nación tanto en su rol como organismo protector de los derechos humanos de las personas privadas de libertad como en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Durante su exposición, Lauro afirmó que “el modelo de políticas de droga vigente afecta y vulnera los derechos de la población en general y los de las mujeres y personas LGBT en particular”. En ese sentido, explicó que la Ley 23.737 ha resultado ineficaz a la hora de combatir el narcotráfico ya que solo ha servido de base para encarcelar masivamente a personas en contexto de extrema vulnerabilidad mayormente por delitos leves como tenencia de uso personal, tenencia simple y tenencia o entrega atenuada.
En cuanto al impacto de las políticas de drogas, Lauro manifestó que el 66% de las mujeres cis y personas trans alojadas en prisiones federales están detenidas por delitos vinculados a la Ley de drogas. La lógica punitivista con la cual se aplica la ley no modifica para nada el negocio del narcotráfico, ya que quienes ingresan a prisión forman parte del eslabón más pequeño de la cadena.
Participaron también Kenya Cuevas, activista trans y fundadora de la Asociación Civil Casa de las Muñecas Tiresias, Brenda Brex, Presidenta de la ONG Mujeres Tras las Rejas, Nischa Pieris, especialista en políticas de drogas con perspectiva de género y Antonella Tiravassi, intgrante de RESET.
El encuentro fue organizado por RESET, WOLA -Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos-, el IDPC - International Drug Policy Consortium-, el CELIV – Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
La PPN reafirma su compromiso en seguir trabajando y dialogando para lograr la modificación de la Ley 23.737 y potenciar medidas alternativas a la prisión que morigeren el impacto que genera la pena en las mujeres y el colectivo LGBT en Argentina.