21 de Abril, 2021.
La Procuración Penitenciaria de la Nación celebra la decisión de la actual Directora Nacional del Servicio Penitenciario Federal, la Dra. Garrigós, de derogar las disposiciones normativas que regulaban el procedimiento de confección de las historias criminológicas insertas en el Boletín Público N° 1373, del 29 de octubre de 1980 y la Disposición N° DI-2018-150-APN-SPF#MJ, del Boletín Publico Normativo N° 674 de febrero de 2018.
Según lo mencionan en el apartado sobre los argumentos, la disposición se enmarca en un trabajo de diagnóstico coordinado por el Instituto de Criminología del SPF, y en el que fueron consultados diversos profesionales de todas las áreas de tratamiento del AMBA, en particular quienes producen informes para los Consejos Correccionales y/o participan como representantes del área en dichas instancias.
En estas doce Mesas de Trabajo se discutió acerca del sentido que tiene para el tratamiento penitenciario los siguientes postulados: “la posición frente a delito”, el “desistimiento”, y el “arrepentimiento”. Estas fórmulas son los ejes sobre los que se basan los profesionales para valorar el proceso de la persona en la ejecución de la pena y sobre los cuales producir los informes que requiere la instancia judicial.
Históricamente esta Procuración ha manifestado en sus informes, recomendaciones y documentos de posición, que estos postulados van diametralmente en contra de la normativa penal y de ejecución, puesto que resultan pretensiones que remiten a valoraciones morales e incluso religiosas, muy distantes de un Estado laico y cuyo funcionamiento (también la cárcel en tanto institución estatal) debe estar ajustado a derecho. La aplicación de estas fórmulas vulnera sistemáticamente los derechos de las personas condenadas en la medida que son utilizadas y funcionan como argumento para agravar las condiciones durante la detención, o pronunciarse en contra de la concesión de institutos liberatorios.
Entendemos que esta disposición, son pasos fundamentales para generar un cambio en la institución carcelaria y orientar sus prácticas a un enfoque de derechos.