01 de Junio, 2022.
Urge una solución definitiva al problema del acceso a las comunicaciones telefónicas en los establecimientos penitenciarios federales de Ezeiza.
Hace más de un año, las personas que están detenidas en los establecimientos penitenciarios federales ubicados en la localidad de Ezeiza (Complejos Penitenciarios Federales I y IV, Unidad 31 y Unidad 19), se encuentran con serias dificultades para la comunicación con el exterior. Esto se debe a que las líneas telefónicas pertenecientes a la empresa Movistar (ex Telefónica Argentina) registraron numerosos inconvenientes en su funcionamiento. De acuerdo con lo informado por las autoridades penitenciarias, el motivo de las reiteradas interrupciones del servicio se originó por el recurrente robo de cables aéreos que ocurre en la zona.
El adecuado acceso al contacto con el mundo exterior no sólo es fundamental para el mantenimiento de los vínculos familiares y afectivos de las personas privadas de libertad, sino que además resulta indispensable para garantizar el acceso a la justicia (mediante el contacto con defensores, tribunales, juzgados) y con organismos de control como esta Procuración. Por ello, la incomunicación es un problema extremadamente sensible que acentúa el aislamiento dentro del encierro y esto genera serios problemas internos que han motivado el inicio de varias medidas de fuerza.
Frente a la gravedad de esta problemática, la Procuración Penitenciaria realizó diversas intervenciones: por un lado, remitió notas a las autoridades nacionales del SPF donde manifestó la gravedad de la situación y la necesidad de que se realicen las gestiones necesarias para encontrar una solución definitiva a esta cuestión. Para ello resulta imprescindible definir nuevas estrategias como el soterramiento de cables, la implementación de tecnología inalámbrica o bien otra alternativa que evalúen las áreas técnicas. También se destacó que, hasta tanto se solucione la cuestión de fondo en forma definitiva, es necesario la adoptar medidas a corto plazo que pudieran compensar de algún modo los problemas de comunicación existentes. Específicamente, se sugirió la provisión de tarjetas telefónicas gratuitas y el aumento de la frecuencia y la duración de las videollamadas familiares para toda la población penal afectada por esta situación. En lo que respecta al CPF I de Ezeiza, una de las medidas adoptadas fue la instalación de más líneas con servicio inalámbrico, sin embargo, no alcanzaron a cubrir la gran cantidad de líneas de la empresa Movistar que se encontraban fuera de funcionamiento.
Paralelamente, se efectuó una acción colectiva de habeas corpus ante el Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora. Si bien en la actualidad, y de acuerdo con lo ordenado en el marco de esas causas, la empresa prestadora se encuentra avanzando en la instalación de las 439 líneas telefónicas con tecnología DELSAT comprometidas, lo cierto es que se están ejecutando con demoras significativas que exceden el plazo acordado y que continúan vulnerando el derecho fundamental a la comunicación de las personas detenidas. Instamos por ello a las autoridades correspondientes a hacer cumplir el acuerdo en los tiempos urgentes que demanda la situación.