04 de Junio, 2025.
El documento destaca que más de 2.500 personas se encuentran alojadas en condiciones precarias en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. También revela un aumento alarmante de casos de malos tratos y muertes bajo custodia, lo que evidencia la persistencia de la crisis estructural del sistema.
El procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare, ratificado en 2024 a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación, presentó ante la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo y el Congreso el Informe Anual sobre derechos humanos en cárceles federales, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875.
El colapso de comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la crisis del sistema evidenciada en las deficientes condiciones materiales de detención en las cárceles federales, los malos tratos y muertes bajo custodia, así como las principales acciones desarrolladas por la Procuración Penitenciaria de la Nación, fueron los temas más relevantes durante el año 2024.
El documento presentado da cuenta de que más de 2.500 personas se encuentran actualmente alojadas en centros transitorios de detención porteños. Estas instalaciones no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de encierro. Esta problemática persiste desde 2020 y que se ha agudizado en el último tiempo.
El informe da cuenta de que se documentaron 389 casos de malos tratos en unidades carcelarias y dependencias policiales, lo que representa un incremento significativo respecto al año anterior. Además, se reportaron 48 muertes bajo custodia, de las cuales 40 ocurrieron en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y 8 en comisarías de la Policía de la Ciudad.
Durante el año pasado, la PPN recibió 22.011 reclamos, principalmente vinculados a problemas de salud, hacinamiento y acceso a la justicia. Realizó monitoreos constantes en cárceles, comisarías y en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la CABA, así como en dependencias de fuerzas federales. Además, emitió seis recomendaciones orientadas a mejorar la infraestructura y fomentar talleres laborales, e intervino en 45 hábeas corpus colectivos para reclamar mejores condiciones de detención.
Si bien las autoridades han impulsado algunas iniciativas, como la construcción del nuevo Complejo Penitenciario Federal en Marcos Paz y el programa “Manos a la Obra” para la capacitación laboral de los detenidos, su impacto resulta insuficiente. La capacidad del nuevo penal no alcanzará para resolver el hacinamiento estructural, y las políticas de reinserción, aunque valiosas, son parciales ya que no abordan las causas de fondo.
Creemos que la modernización de la infraestructura carcelaria, el fortalecimiento de los mecanismos para prevenir la tortura y la implementación de políticas que disminuyan el uso excesivo de la prisión preventiva son los ejes sobre los que es necesario trabajar para procurar la mejora del sistema.
El Informe Anual 2024, que coincide con los 20 años de la ratificación por parte de Argentina del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, evidencia las deudas pendientes del Estado Argentino en materia penitenciaria. Mientras tanto, miles de personas continúan privadas de sus derechos básicos, esperando que se garanticen condiciones dignas en un sistema que parece estar al borde del colapso.