20 de Abril, 2026.
La Procuración Penitenciaria presentó un informe ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, en el marco del 81º período de sesiones de la Asamblea General, en el que analiza la situación de las mujeres mayores privadas de libertad en Argentina.
El documento expone que, aunque las mujeres de 60 años y más representan un grupo minoritario dentro del sistema penitenciario, enfrentan formas específicas de violencia institucional, estructural y de género, agravadas por el envejecimiento en contexto de encierro.
Según datos relevados, hacia fines de 2024 había 197 mujeres mayores detenidas en el país. El informe destaca que se trata de una población atravesada por múltiples vulnerabilidades previas, como bajos niveles educativos, falta de inserción laboral y trayectorias marcadas por la exclusión social. A su vez, un 40% se encuentra en prisión preventiva, lo que evidencia un uso extendido de esta medida incluso en personas en situación de especial vulnerabilidad.
Entre los principales problemas identificados, la PPN señala la ausencia de políticas penitenciarias específicas que incorporen una perspectiva de género y envejecimiento, lo que se traduce en respuestas institucionales homogéneas que no contemplan las necesidades particulares de este grupo. Asimismo, advierte sobre condiciones de detención inadecuadas, con infraestructura no adaptada a las limitaciones físicas propias de la edad, como el uso de camas cuchetas, la presencia de escaleras y la falta de elementos de accesibilidad, lo que incrementa los riesgos para la salud y la integridad física.
En materia de salud, el informe identifica deficiencias estructurales en el acceso a la atención médica, con tratamientos interrumpidos, demoras en estudios y prácticas, y una marcada falta de información sobre diagnósticos y evolución de las enfermedades, lo que configura una forma de violencia institucional. A ello se suma la ausencia de dispositivos formales de cuidado para mujeres en situación de dependencia, lo que genera redes informales entre personas detenidas que pueden derivar en situaciones de sobrecarga y conflicto.
El documento también da cuenta del aislamiento social que atraviesan muchas mujeres mayores privadas de libertad, vinculado al debilitamiento o la pérdida de vínculos familiares, lo que impacta negativamente en su bienestar emocional y en sus condiciones materiales de vida. En este contexto, la falta de redes también limita el acceso a medidas alternativas a la prisión.
Por otra parte, el informe señala que un 42% de las mujeres mayores se encuentra detenida por delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes, generalmente de baja o mediana lesividad, lo que plantea interrogantes en torno a la proporcionalidad del uso de la prisión y el impacto de las políticas de persecución penal en los eslabones más vulnerables.
En este marco, la PPN advierte sobre la persistencia de obstáculos para el acceso a medidas alternativas como la prisión domiciliaria, a pesar de estar previstas en la normativa vigente para personas mayores o con problemas de salud, lo que evidencia una brecha entre el reconocimiento legal y su efectiva implementación.
Finalmente, el organismo instó al Estado argentino a adoptar medidas urgentes orientadas a priorizar alternativas a la privación de la libertad para mujeres mayores, restringir el uso de la prisión preventiva, diseñar políticas penitenciarias específicas con enfoque de género y envejecimiento, garantizar condiciones dignas de detención y acceso integral a la salud, implementar dispositivos de cuidado adecuados y fortalecer la vinculación familiar y social.
La PPN subrayó que el encierro de mujeres mayores, en las condiciones actuales, configura un escenario de vulneración de derechos humanos que requiere respuestas urgentes y estructurales.