24 de Junio, 2026.
La PPN da a conocer el documento sobre las actividades desarrolladas en el último período donde detalla la situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad bajo la órbita federal y el estado de los lugares de detención.
En cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875, el pasado 28 de mayo se remitió a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo en el Congreso el Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales.
En líneas generales el documento presentado detalla que persiste el problema de la sobrepoblación y el alojamiento en condiciones de grave hacinamiento en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Denuncia que más de 2.339 personas se encuentran actualmente alojadas en centros transitorios que no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de encierro.
A diciembre de 2025, el SPF reportó 12.152 personas detenidas en cárceles federales: 11.164 varones (91,9%), 954 mujeres (7,8%) y 34 personas trans (0,3%). Del total, el 63% contaba con condena firme y el 37% se encontraba en prisión preventiva.
En los últimos dos años, la población detenida creció un 5,4% (2024) y un 3,6% (2025). Durante 2025, el SPF declaró un aumento de 516 plazas, aunque no se dispone de información actualizada y desagregada por establecimiento penitenciario, debido a que dejó de publicar esos datos en su sitio web; la última actualización disponible corresponde a un informe del SNEEP en 2024.
Se documentaron 332 casos de malos tratos en cárceles federales y en otros lugares de detención. Además, se reportaron 48 muertes en cárceles federales. De ellas, 14 fueron muertes violentas: seis por ahorcamiento, siete en el marco de incendios y una a causa de traumatismos.
Durante 2025, la PPN recibió 19.539 reclamos, principalmente vinculados a problemas de salud, trabajo, comunicación con la defensa, hacinamiento y acceso a la justicia. Realizó monitoreos constantes en cárceles, comisarías y en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la CABA, así como en dependencias de fuerzas federales.
Además, emitió seis recomendaciones sobre: expulsión anticipada, derecho a la salud en comisarías y alcaidías, acceso al trabajo, falta de profesionales de la salud, regulación de visitas entre personas detenidas y prevención de registros corporales intrusivos.
También intervino en 45 hábeas corpus colectivos para reclamar mejores condiciones de detención. Tal vez el más representativo, presentado en marzo, impugnó la Resolución 372/2025, que restringió el acceso a la educación superior de las personas detenidas en cárceles federales al prohibir el funcionamiento de centros de estudiantes y limitar el acceso a los
espacios de estudio fuera del horario de cursada. La PPN consideró que la medida restringía arbitrariamente el derecho a la educación y a la organización estudiantil, con un fuerte impacto sobre el programa UBA XXII de educación en cárceles.
Finalmente, cabe señalar un fuerte retroceso en materia de acceso al trabajo en contextos de encierro a través de la implementación de diversas resoluciones ministeriales y mediante la reducción de las horas laborales de las personas detenidas. Este proceso se profundizó con la reforma laboral aprobada a fines de febrero de 2026 (Ley Nº 27.802), la cual avanzó en la limitación del derecho al trabajo de este colectivo al excluirlo del régimen común previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. Ante esto, la PPN presentó objeciones constitucionales a las disposiciones que derogan artículos clave de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En síntesis, el informe anual 2025 expone un sistema penitenciario con persistentes déficits estructurales, opacidad informativa y retroceso normativos, al tiempo que reafirma el rol activo del organismo en defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.