10 de Octubre, 2026.
La PPN destaca la importancia del abordaje de la salud mental en contextos de privación de la libertad en el marco de la conmemoración de su Día Mundial.
El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, busca concientizar sobre los problemas que afectan a las personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta fecha se ha convertido en una oportunidad valiosa para que gobiernos, organizaciones y ciudadanos comprometidos implementen programas centrados en el cuidado y la promoción de la salud mental. A través de diversas actividades y campañas, se busca fomentar la comprensión, reducir el estigma y promover el acceso a servicios de salud mental, destacando la importancia de cuidar el bienestar emocional de todos.
La salud mental se entiende como un proceso complejo, determinado por factores históricos, sociales, económicos y biológicos y su cuidado implica una responsabilidad estatal basada en derechos humanos. En ese sentido, la Procuración señala la necesidad de abandonar aquellas prácticas que buscan patologizar la vulnerabilidad social, trabajando en un enfoque comunitario e inclusivo y no meramente punitivo. En virtud de ello, desde el Área de Salud Mental se continúa trabajando de modo sostenido sobre las distintas aristas concernientes a la salud mental y los DDHH en contextos de privación de la libertad.
Es necesario remarcar dos ejes que están enteramente relacionados con la salud mental en contexto de encierro, el incremento de suicidios en el contexto penitenciario federal respecto a años anteriores. Si bien se enmarca en un contexto general, de aumento a nivel nacional, presenta particularidades alarmantes ya que el incremento va de modo paralelo a una problemática importante que es el aumento de la medicalización de las personas privadas de libertad, en especial sobre los sectores más vulnerados. De esta manera, el enfoque en la salud mental a menudo se centra en la medicalización del encierro, lo que limita la posibilidad de escuchar las verdaderas inquietudes de las personas privadas de la libertad. Esta práctica, contraria a la Ley de Salud Mental, que establece que la prescripción de medicamentos debe responder exclusivamente a necesidades terapéuticas y no ser utilizada como castigo o para conveniencia de terceros, plantea serios interrogantes sobre el tratamiento de las personas. La creciente prescripción de psicofármacos, lejos de atender el sufrimiento subjetivo, contribuye a una modalidad de control que ignora la importancia del acompañamiento terapéutico, generando un ciclo de deshumanización y malestar. La salud mental requiere un enfoque más humano, donde la escucha y la empatía sean prioritarias como lo planteó la OMS .
Desde el Área de Salud Mental se alertó también sobre la problemática estructural del aislamiento sistemático al que son sometidos algunos colectivos y las graves repercusiones que este régimen produce en su subjetividad. El aislamiento es entendido en un sentido amplio y multidimensional. No se limita al encierro prolongado en celda individual, sino que implica una privación sostenida de derechos básicos. En este marco, el encierro bajo estas condiciones adquiere un carácter punitivo adicional que duplica la privación propia de la pena. Lejos de promover procesos de transformación subjetiva, estas modalidades favorecen la consolidación de respuestas defensivas, conductas disruptivas y mayores niveles de conflictividad. El aislamiento aparece así inscripto como práctica de castigo, un “encierro dentro del encierro”.
El área de Salud Mental de la PPN sostiene que estas prácticas punitivas y/o de control, expresadas como supuestas intervenciones de salud mental, utilizando un discurso sanitario –medicalización del encierro, internaciones por razones de alojamiento, evaluaciones criminológicas sesgadas, medidas de abrigo a niños como estrategia punitiva, etc.- constituyen vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad y operan como mecanismos de mortificación subjetiva. No solo no cumplen función terapéutica alguna, sino que se aplican con objeto de castigo, agravando la conflictividad institucional y deteriorando las condiciones para cualquier proceso de reinserción social.