31 de octubre, 2013.
Foto Archivo: PPN
En el marco del trabajo regular de monitoreo de locales de detención por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la semana del 21 al 25 de octubre se visitaron tres cárceles de Santiago del Estero: la Unidad Penitenciaria Nº1 de varones, la Unidad Penitenciaria Nº2 de mujeres y la Unidad Penitenciaria Nº 35 “Colonia Pinto”, donde se detectaron hechos de tortura humillantes y cruentos.
El relato consistente de decenas de personas alojadas en la Unidad 35 al personal de la Procuración, permitió acreditar una práctica sostenida de manejo arbitrario de la seguridad interna en el penal y al menos un episodio gravísimo de violencia forzada, ocurrido en julio pasado, durante el cual el personal penitenciario forzó a pelear entre sí a dos grupos de detenidos, a vistas de todos, en la cancha de deportes del penal. Las víctimas fueron inducidas a combatir bajo coacciones y amenazas de sufrir represalias severas, desde castigos corporales hasta traslados a penales alejados del núcleo familiar.
El obligado enfrentamiento se desarrolló a la vista de todos y por la cantidad de participantes y el lugar donde se desplegó, no podría haber pasado desapercibido para ninguna autoridad, ni haberse desplegado sin el concurso de una pluralidad de agentes y funcionarios. Según algunos denunciantes, además, algunos agentes penitenciarios registraron en video el suceso y las víctimas dijeron haberse sentido y padecido como auténticas bestias de circo. Todo esto sucedió en un marco de gestión carcelaria donde la arbitrariedad y la discrecionalidad al momento de tomar decisiones sobre cuestiones fundamentales para el tratamiento penitenciario eran habituales.
La PPN, de tal modo, a través de una indagación independiente y autónoma constató la seriedad y verosimilitud de las denuncias que ya habían sido promovidas ante la justicia federal, poco antes de la visita. Sobre esa base calificó los hechos como tortura y requirió medidas activas de investigación, ajustadas a las peculiaridades del caso, así como la protección de víctimas, testigos y allegados que pudieran estar en riesgo. Además de las respectivas presentaciones judiciales, en diversas entrevistas con funcionarios locales y judiciales expresó la profunda preocupación del organismo por lo sucedido y recalcó la necesidad de evitar la impunidad y la repetición de hechos de esta bajeza. Por estas mismas razones, el organismo reclama públicamente la investigación eficaz y la protección y reparación de los afectados.