14 de enero, 2014.

La Procuración Penitenciaria de la Nación solicitó a la Secretaría de Comercio de la Nación la extensión del acuerdo “Precios Cuidados” a los comercios que abastecen a la población detenida y a sus familias.

Además pidió el examen de algunos aspectos de la relación de consumo en contextos de encierro que comprometen el pleno acceso de los internos a sus derechos como consumidores.

Un relevamiento llevado adelante por el organismo el pasado 7 de enero en torno a una muestra de los productos del acuerdo “Precios Cuidados” tomada al azar, indicó que varios de ellos no se ofertan en las proveedurías que atienden el consumo de las personas privadas de libertad y que, por otro lado, aquellos disponibles son ofertados, en varios casos, a precios más caros, con extremos de incluso hasta casi un 50% por encima del valor del listado.

Las compras particulares de alimentos y enseres por parte de las personas detenidas revelan por sí solas la existencia de falencias en la provisión regular por parte del estado de estos bienes, por lo que la oferta actual, con precios, en algunos casos, burdamente alejados de los vigentes en el medio libre, puede considerarse un agravamiento de la situación de encierro. 

La Procuración detectó además que en los establecimientos penales federales del área metropolitana de Buenos Aires (Ezeiza, Devoto, Marcos Paz) no se emiten tickets fiscales individuales de compra a cada cliente, lo que dificulta el control que cada persona puede hacer sobre la administración de sus fondos por parte de la autoridad penitenciaria. Y también se advirtieron falencias en el control de la cadena de frío desde la entrega por parte de los servicios de proveeduría concesionados a la autoridad penitenciaria hasta el momento de efectiva entrega a cada consumidor.