03 de mayo, 2017.
Los días 26 y 27 de abril el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas llevó a cabo el examen periódico de la Argentina en cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cabe remarcar que nuestro país hacía 13 años que no se sometía a dicha evaluación, pese a que la misma debería efectuarse cada cuatro años.
La Procuración Penitenciaria de la Nación había presentado en el mes de marzo un informe alternativo y complementario al del Estado (disponible aquí: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fNHS%2fARG%2f27014&Lang=en).
Además, fue convocada para mantener una reunión confidencial con el Comité, en su carácter de integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Argentina, y estuvo presente en las sesiones en que el Estado rindió examen ante los comisionados. Las mismas pueden ver visualizadas en el siguiente enlace: http://webtv.un.org/meetings-events/watch/consideration-of-argentina-contd-1520th-meeting-60th-session-committee-against-torture-/5414194996001
La Delegación de la PPN, encabezada por el Procurador Penitenciario Francisco Mugnolo, puso en conocimiento del Comité contra la Tortura los problemas más graves que condicionan la vigencia de los derechos humanos en las cárceles federales y otros espacios de detención federal.
A partir de la información recibida el Comité contra la Tortura manifestó seria preocupación por la extensión de las prácticas de tortura y su impunidad, puesto que en las observaciones efectuadas en el año 2004 con motivo del último examen periódico de la Argentina ya había sido motivo de preocupación y de varios señalamientos.
El Comité también mostró preocupación por el uso de medidas de aislamiento carentes de base legal y aplicadas sin control judicial, pues el aislamiento prolongado puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante prohibido por la Convención.
Otra de las cuestiones que motivó numerosos señalamientos y preguntas del Comité fue el problema de la sobrepoblación y la ausencia de criterios objetivos para la definición del cupo carcelario. El Comité también mostró preocupación por el incremento de la población encarcelada en el último tiempo, el hacinamiento que ello provoca y la detención de personas en comisarías en distintas Provincias del país, lo que puede agravarse con la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660 que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.
Además, el CAT destacó las deficiencias en la producción de datos e información estadística por parte del Estado, recordando que ya en el año 1997 este Comité recomendó a la Argentina la creación de un registro de casos judiciales de tortura, recomendación que fue reiterada luego del último examen en el año 2004.
En particular, el Comité también manifestó preocupación por algunas obstaculizaciones a las tareas de monitoreo y control que realiza la Procuración Penitenciaria, como la denegación del ingreso a las cárceles de la Provincia de Córdoba o las dificultades que algunos juzgados y tribunales establecen para el acceso a los expedientes judiciales de personas detenidas.
El Informe del Comité contra la Tortura estará disponible a partir del 12 de mayo de 2017.