17 de Julio, 2017.

Se desarrolló la segunda etapa del proyecto “Fortalecimiento de Mecanismos de Protección de Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad” junto al Comisionado Parlamentario Penitenciario de la Republica Oriental Uruguay (CPP) y bajo la coordinación del Área de Relaciones Internacionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad,

Esta segunda etapa da continuidad a las actividades realizadas en marzo del corriente año en el marco del Fondo Argentino de Cooperación Sur- Sur y Triangular (FO.AR) dependiente de la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país junto con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI). Este Fondo, que posee una trayectoria de más de 20 años, posibilita el desarrollo e implementación de proyectos de cooperación técnica internacional bilaterales y triangulares, a través de los cuales expertos gubernamentales trabajan conjuntamente en el intercambio, adaptación e implementación de políticas públicas para el desarrollo inclusivo, la gobernabilidad democrática, el avance científico-técnico y el respeto de los derechos humanos.

Durante esta etapa, la cual tuvo lugar entre los días 10 y 14 de julio de 2017, los asesores del CPP, Dres. Silvia Sturla y Alejandro Bonnani, participaron de reuniones de trabajo e intercambio de experiencias enfocados principalmente al tema del monitoreo y la auditoría de las condiciones de detención basado en estándares internacionales de DD.HH. Asimismo, se realizó trabajo de campo en el Complejo Penitenciario Federal Nro. I de Ezeiza y en el Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Devoto) junto a funcionarios de la PPN.

Acerca del Proyecto, es una iniciativa que tiene por objetivo fortalecer las capacidades técnicas de organismos análogos en la región en materia de tratamiento penitenciario, prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y reinserción social de los privados de la libertad. Busca contribuir al desarrollo de capacidades de los funcionarios de instituciones vinculadas a las condiciones de detención en sistemas penitenciarios para promover mecanismos de protección y prevención de los derechos humanos.