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15 de Mayo, 2017

El Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) emitió sus observaciones finales (disponibles acá:) luego del examen periódico de la Argentina en cumplimiento de la Convención contra la Tortura llevado a cabo los días 26 y 27 de abril. 

03 de mayo, 2017.

Los días 26 y 27 de abril el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas llevó a cabo el examen periódico de la Argentina en cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cabe remarcar que nuestro país hacía 13 años que no se sometía a dicha evaluación, pese a que la misma debería efectuarse cada cuatro años.

La Procuración Penitenciaria de la Nación había presentado en el mes de marzo un informe alternativo y complementario al del Estado (disponible aquí: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fNHS%2fARG%2f27014&Lang=en).

Además, fue convocada para mantener una reunión confidencial con el Comité, en su carácter de integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Argentina, y estuvo presente en las sesiones en que el Estado rindió examen ante los comisionados. Las mismas pueden ver visualizadas en el siguiente enlace: http://webtv.un.org/meetings-events/watch/consideration-of-argentina-contd-1520th-meeting-60th-session-committee-against-torture-/5414194996001

La Delegación de la PPN, encabezada por el Procurador Penitenciario Francisco Mugnolo, puso en conocimiento del Comité contra la Tortura los problemas más graves que condicionan la vigencia de los derechos humanos en las cárceles federales y otros espacios de detención federal.

A partir de la información recibida el Comité contra la Tortura manifestó seria preocupación por la extensión de las prácticas de tortura y su impunidad, puesto que en las observaciones efectuadas en el año 2004 con motivo del último examen periódico de la Argentina ya había sido motivo de preocupación y de varios señalamientos.

El Comité también mostró preocupación por el uso de medidas de aislamiento carentes de base legal y aplicadas sin control judicial, pues el aislamiento prolongado puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante prohibido por la Convención.

Otra de las cuestiones que motivó numerosos señalamientos y preguntas del Comité fue el problema de la sobrepoblación y la ausencia de criterios objetivos para la definición del cupo carcelario. El Comité también mostró preocupación por el incremento de la población encarcelada en el último tiempo, el hacinamiento que ello provoca y la detención de personas en comisarías en distintas Provincias del país, lo que puede agravarse con la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660 que actualmente se encuentra en trámite parlamentario.

Además, el CAT destacó las deficiencias en la producción de datos e información estadística por parte del Estado, recordando que ya en el año 1997 este Comité recomendó a la Argentina la creación de un registro de casos judiciales de tortura, recomendación que fue reiterada luego del último examen en el año 2004.

En particular, el Comité también manifestó preocupación por algunas obstaculizaciones a las tareas de monitoreo y control que realiza la Procuración Penitenciaria, como la denegación del ingreso a las cárceles de la Provincia de Córdoba o las dificultades que algunos juzgados y tribunales establecen para el acceso a los expedientes judiciales de personas detenidas.

El Informe del Comité contra la Tortura estará disponible a partir del 12 de mayo de 2017.

30 de Marzo, 2017.

El 27 de marzo del corriente año, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó el informe alternativo sobre la situación de las personas privadas de libertad en la Argentina ante el Comité contra la Tortura (CAT)

El Comité se reúne del 18 de abril al 12 de mayo en Ginebra con el objeto de llevar a cabo su 66° Período de Sesiones. Ocasión en la cual, se someterá bajo análisis el quinto y sexto informe periódico de la República Argentina, de conformidad con el art. 19 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

La PPN remitió un informe complementario y alternativo al emitido por el Estado argentino, expidiéndose sobre diversos lineamientos a tener en cuenta por el Comité. En ese sentido, se menciona la sistematicidad de la práctica de la tortura; los fallecimientos en cárceles federales; un apartado donde ubica al aislamiento, registros personales y requisas vejatorias, y el traslado de detenidos como prácticas que configuran otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; sobrepoblación y condiciones materiales de detención; investigación judicial e impunidad de la tortura;  colectivos de presos especialmente vulnerables: mujeres y LGTBI, migrantes y, niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal; deficiencias en la producción de datos e información estadística: ausencia de un registro de personas detenidas y un registro nacional de casos judiciales de tortura; y, finalmente, la obstrucción de las tareas de monitoreo y control que realiza la PPN.

22 de Marzo, 2017.

El pasado 21 de marzo, la Procuración Penitenciaria de la Nación recibió la visita de los nuevos Secretarios Delegados de Ejecución, en el marco de su reciente designación para realizar un control en las unidades penitenciarias sobre la ejecución penal.

La ley 24.050 y 24.121 del año 1991 y 1992, respectivamente, instauraban la creación de una Oficina a cargo de un funcionario que representara al tribunal en unidades penitenciarias en todo lo concerniente a las potestades que le asigna la ley procesal relativa a la ejecución de la pena. Dado el tiempo transcurrido y la falta de implementación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró propicio asignar, mediante la Acordada 26/2016, a los funcionarios correspondientes bajo la órbita de la superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal.

El encuentro entre los Secretarios y las autoridades de la Procuración tuvo como propósito generar un espacio de intercambio sobre el trabajo que cada uno hace sobre el ámbito carcelario, y fomentar el trabajo conjunto para una mayor protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 

17 de Marzo, 2017.

El 16 de marzo del corriente año, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó el informe alternativo sobre la situación de las personas extranjeras retenidas en la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

13 de Marzo, 2017.

El pasado jueves 9 de marzo, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual y la identidad de género de la ONU, Vititt Muntarbhorn, visitó las instalaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación a fin de mantener una reunión con el Director General de Protección de Derechos Humanos, Dr. Ariel Cejas Meliare; la Coordinadora de Equipos Sobrevulnerados, Dra. Mariana Lauro; el Equipo de Género y Diversidad Sexual, Lic. Verónica Manquel y Josefina Alfonsín, Dra. Natalia Castillo; y la Jefa del Área de Relaciones Internacionales, Lic. Mariana Sheehan. 

El Experto en derechos humanos realizó su primera visita oficial a nuestro país con el propósito de evaluar los avances en la eliminación de la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. En ese sentido, desde su llegada el 1 de marzo mantuvo reuniones con diversos representantes del gobierno federal y provincial; como así también, con personas y organizaciones de la sociedad civil.

En primer lugar, se advirtió que los avances en la legislación nacional no fueron acompañados por guías de procedimiento y/o protocolos de actuación para las personas privadas de su libertad. En la misma línea, tampoco se observaron políticas de sensibilización y capacitación en género, identidad de género y sexualidades entre las/os operadoras/es judiciales y el personal de la fuerza de seguridad.

Se señalaron las principales problemáticas que afectan al colectivo LGBTI en prisión, tales como la falta de reconocimiento a la identidad de género y/o orientación sexual, los tratos denigrantes por motivos de género, la persistencia de actos de discriminación y la presencia de prácticas de violencia institucional. A la vez, se conversó acerca de la cuestión del alojamiento de este colectivo. Se puso en conocimiento que en el año 2016 el Servicio Penitenciario Federal dispuso el traslado de personas trans a la cárcel de mujeres, Complejo Penitenciario IV de Ezeiza; y con ello quedó desactivado el módulo de diversidad sexual, donde convivían las personas trans y gay. Si bien esta disposición podría encuadrarse dentro de una buena práctica penitenciaria, desde la PPN sostenemos que las modificaciones de los alojamientos responden al fenómeno de sobrepoblación que enfrenta el SPF, más que a una política con enfoque de género. 

El Experto destacó la importancia de la ley de identidad de género, y otras leyes de vanguardia en esta materia, pero señaló que muchas veces esos estándares no están coincidencia con las legislaciones a nivel provincial o local. Asimismo, acompaño nuestra preocupación institucional acerca de la falta de visibilización de las mujeres lesbianas y los varones trans. 

El Experto presentará en una futura sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe final de su visita. Como cierre de su paso por la Argentina, efectuó una conferencia el 10 de marzo en el Centro de Información de las Naciones Unidas.


Documento Final aquí