El pedido motivado por la labor de Sergio Meirovich, Defensor Público Coadyuvante a cargo de Unidad de Letrados Móviles Nro. 1 en lo Penal Económico, se fundó en comprender que la permanencia en un establecimiento penitenciario de su defendido no permitía el pleno goce del ejercicio de su identidad de género y, de este modo, habilitaría posibles vulneraciones a los derechos humanos.

La PPN acompañó el pedido de la defensa presentándose en calidad de “Amigo del Tribunal”, aportando la experiencia de trabajo y el conocimiento del Equipo de Género y Diversidad Sexual en materia de disidencias dentro de las cárceles federales. Al respecto, pronunciamos que en la actualidad la gestión de los establecimientos penitenciarios -al igual que la mayoría de las instituciones- no escapa al modelo binario y cisnormativo y, dadas las dificultades observadas en la efectiva aplicación de la Ley de Identidad Género, se producen serias afectaciones de derechos para el colectivo trans encarcelada/o.

Para la elaboración de la presentación, se consultó la opinión de experta/os y activistas como Kalym Adrián Soria, Lic. en Trabajo Social,  Presidente de RITTA (Red de Intersexuales, Transgéneros y Transexuales de Argentina) y Blas Radi, profesor de filosofía por la Universidad de Buenos Aires, representante argentino de la Unión Latinoamericana de Hombres trans (ULTRANS). Sus valiosos aportes y observaciones fueron destacados en un aparado de nuestro escrito.

La resolución judicial constituye un gran avance en el reconocimiento de los derechos de las personas trans en contextos de encierro, en este caso de los varones trans detenidos. Demuestra las limitaciones actuales del sistema penal para abordar el tratamiento de las identidades no normativas, a la vez que plantea posibilidades alternativas a la prisión que resulten respetuosas de los derechos humanos. 

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