Presentación Institucional

La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo oficial dependiente del Poder Legislativo dotado de plena autonomía e independencia para en principio, y como objetivo fundante, proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y asimismo, para controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal.
 La Institución fue creada inicialmente por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Nº 1598 del 29 de julio de 1993. Una década más tarde, por Ley 25.875, sancionada por el Congreso el 17 de diciembre de 2003, pasa a la órbita del Poder Legislativo, adquiriendo una nueva jerarquía institucional como órgano Extra Poder, con amplia autonomía e independencia funcional, lo cual supuso un cambio sustancial respecto de sus 10 años de existencia en el ámbito del Poder Ejecutivo.
 La autonomía respecto del Poder Ejecutivo constituía una cuestión pendiente, debido a la función de control que la Procuración Penitenciaria tiene respecto del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia.
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES:

IINDEPENDENCIAS:
La Procuración Penitenciaria de la Nación fue creada mediante una Ley que la ubica en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación y le garantiza el ejercicio de sus funciones con plena independencia, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. (art. 1 Ley 25.875)
- Independencia de su titular: El Procurador Penitenciario es elegido por el Congreso de la Nación. La duración del mandato es de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez (art. 2 y 3). El Procurador Penitenciario goza de inmunidad, no pudiendo ser arrestado desde el día de su designación hasta el de su cese o suspensión, excepto en el caso de ser sorprendido "in fraganti" en la ejecución de un delito doloso de lo que se debe dar cuenta a los presidentes de ambas Cámaras con la información sumaria del hecho (art. 12).
- Independencia funcional y del personal: La estructura orgánico/ funcional y administrativa de la Procuración Penitenciaria, debe ser establecida por su titular, y aprobada por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional. Los funcionarios y empleados de la Procuración son designados por su titular de acuerdo con su reglamento dentro de los límites presupuestarios (art. 27).
- Independencia financiera: La Procuración Penitenciaria tiene autonomía financiera y elabora su propio presupuesto, el cual es atendido con los créditos que anualmente determine la ley de presupuesto (art. 29).JURISDICCIÓN:
Art.1.- El objetivo fundamental de esta institución es proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de todas las personas privadas de la libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal, comprendidos comisarías, alcaidías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de la libertad y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales.

TRANSPARENCIAS:
Anualmente el Procurador Penitenciario dará cuenta a las Cámaras, mediante un informe, la labor realizada (art. 25)

OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA OBSTACULIZACIONES:
Todos los organismos pertenecientes a la Administración Pública Nacional, personas físicas o jurídicas, públicos o privados, están obligadas a prestar colaboración con carácter preferente al Procurador Penitenciario en sus investigaciones o inspecciones (art. 18)
Todo aquel que entorpezca o impida la efectivización de una denuncia ante el Procurador Penitenciario u obstaculice sus investigaciones, mediante la negativa o excesiva dilación en el envío de los informes requeridos, o impida el acceso a expedientes o documentación necesaria para el curso de la investigación, incurrirá en un delito de acción pública (art. 21)

RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA
La Procuración Penitenciaria de la Nación adoptó la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, como marco general de regulación de las actividades desarrolladas por el Organismo de manera mancomunada con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil (Resolución de Procurador Nº 00200-11, de 26 de septiembre de 2011).
Durante los últimos años la Procuración Penitenciaria ha llevado adelante diversas actividades en conjunto con organizaciones ciudadanas orientadas a la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Actividades que han involucrado, además, a otros actores estatales, como universidades e instituciones de pensamiento, defensorías y otras agencias del sector público; todos ellos autónomos respecto de las autoridades responsables de administrar los lugares de detención sobre los cuales la Procuración Penitenciaria debe ejercer su mandato.
Esa modalidad compartida y mancomunada de llevar adelante el mandato legal de este organismo ha permitido acumular una considerable experiencia, y ha generado la necesidad de establecer un marco general para regular estos vínculos, más allá de las cláusulas particulares que pudieran establecerse para cada caso en particular.
La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública fue aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado (Lisboa, Portugal) el 25 y 26 de Junio de 2009 y adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Estoril, Portugal) el 30 de Noviembre y 1° de Diciembre de 2009, a través de la Resolución Nº 38 del “Plan de Acción de Lisboa”. La República Argentina se cuenta entre los Estados Iberoamericanos signatarios de esta Carta, comprometiéndose a promover la participación ciudadana.
El derecho de participación ciudadana en la gestión pública viene a estimular la democracia participativa, contribuye al desarrollo de los países y favorece la inclusión y la cohesión social.
Para mayor información, ver Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo: http://www.clad.org/
Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública:
http://www.clad.org/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-participacion-ciudadana/at_download/file
 



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Boletines Estadísticos

RNCT Informe Anual 2015

Info para Extranjeros

Hablan los números

Población de las unidades penitenciarias federales:  11.425 al 11/5/17
(Capacidad 11264 según SPF)
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Registro de fallecimientos bajo custodia del SPF:

2017: al 30 de Abril 14 (7 violentas)

2016: 36 (14 violentas)
2015: 38 (18 violentas)
2014: 51 (22 violentas)
2013: 45 (28 violentas)
2012: 56 (25 violentas)
2011: 36 (21 violentas)
2010: 33 (9 violentas)
2009: 47  (15 violentas)

Informe Fallecimientos

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Casos de torturas y malos tratos sobre agresiones físicas investigados y documentados por la PPN:

2016: al 31 de Diciembre 608 

2015: 775
2014: 823
2013: 730
2012: 441
2011: 403
2010: 204
2009:
197
2008 :113

Datos sobre casos de tortura y malos tratos

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Niños, Niñas y Adolescentes Privados de Libertad en Centros de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires al 17 de Abril de 2017: 95 

Alojados en Agote: 41
Alojados en Belgrano: 17
Alojados en San Martín: 37 (V 30 M 7)

 

 

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