Salud Mental

El derecho a la salud mental de las personas privadas de su libertad, es otro eje de abordaje de esta Procuración.

Partimos de la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657) para formular, atento a su texto, que reconocemos a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.[1]

Asimismo, tomamos en consideración la Declaración de los Derechos Humanos y de la Salud Mental que postula: “Todas las poblaciones contienen grupos vulnerables y particularmente expuestos a la enfermedad o trastorno mental o emocional. Los miembros de estos grupos exigen una atención preventiva, y también terapéutica, particular, al igual que el cuidado en la protección de su salud y de sus derechos humanos. Se incluyen las víctimas de las catástrofes naturales, de las violencias entre comunidades y la guerra, las víctimas de abusos colectivos, comprendidos aquellos que proceden del Estado, también los individuos vulnerables a causa de su movilidad residencial (emigrantes, refugiados), de su edad (recién nacidos, niños, ancianos), de su estatuto de inferioridad (étnica, racial, sexual, socio-económica), de la pérdida de sus derechos civiles (soldados, presos) y de su salud. Las crisis de la vida, tales como los duelos, la ruptura de la familia y el desempleo, exponen igualmente a los individuos a estos riesgos”.[2]

Bajo estas premisas, la Procuración vela por el cumplimiento del derecho a la salud mental de los privados de libertad, el acceso a la asistencia, el cuidado y/o mejoramiento de la misma, en el marco de un horizonte de inclusión de estas personas en el ámbito social.

Desde una concepción integral de la salud mental se pretende correr el eje de lo psicopatológico e individual como coordenada exclusiva de intervención, para promover la consideración de las modalidades de la vida cotidiana que se establecen en la cárcel, esto es, el régimen penitenciario, el trato, la cualidad de los espacios de alojamiento, sus condiciones materiales, la oferta de educación, trabajo, actividad física y recreativa, y el respeto y promoción de los vínculos sociales como factores indispensables para una adecuada inclusión social. 


[1] Ley Nacional de Salud Mental N º 26.657, 2010.

[2] Revista Psicoanálisis y el Hospital "La Salud Mental. Salud Mental y Psicoanálisis. Dispositivos clínicos. Declaración de los Derechos Humanos y de la Salud Mental”, 1995.



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Informacion Administrativa

Informe Anual 2016

Datos Públicos

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Diagnóstico Integral Adolescentes

RNCT 2016

Ley 27.375

Boletines Estadísticos

Info para Extranjeros

Hablan los números

Población de las unidades penitenciarias federales:  11.904 al 17/11/17
(Capacidad 11577 según SPF)
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Registro de fallecimientos bajo custodia del SPF:

2017: al 12 de Junio 17 (8 violentas)

2016: 36 (14 violentas)
2015: 38 (18 violentas)
2014: 51 (22 violentas)
2013: 45 (28 violentas)
2012: 56 (25 violentas)
2011: 36 (21 violentas)
2010: 33 (9 violentas)
2009: 47  (15 violentas)

Informe Fallecimientos

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Casos de torturas y malos tratos sobre agresiones físicas investigados y documentados por la PPN:

2017: al 30 de Mayo 300 

2016: 608
2015: 775
2014: 823
2013: 730
2012: 441
2011: 403
2010: 204
2009:
197
2008 :113

Datos sobre casos de tortura y malos tratos

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Niños, Niñas y Adolescentes Privados de Libertad en Centros de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires al 16 de Noviembre de 2017: 82 

Alojados en Agote: 34
Alojados en Belgrano: 11
Alojados en San Martín: 37 (V 32 M 5)

 

 

Sobrepoblación Carcelaria

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