18 de Agosto, 2020. 

La Procuración Penitenciaria de la Nación presenta el cuarto informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad ante la actual emergencia sanitaria. El documento señala la estabilización del relativo descenso de la población privada de libertad y alerta sobre el alojamiento de personas en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad y el notable incremento de los contagios en el SPF.

Tras casi cinco meses de iniciada la pandemia por COVID-19 en Argentina, las cárceles federales se encuentran en un 95% de ocupación de su capacidad declarada, con focos de sobrepoblación en algunos establecimientos penitenciarios que no permiten medidas adecuadas de distanciamiento social. Se observa que en el mes de junio se redujo de forma considerable el egreso de personas privadas de su libertad de las prisiones federales en todas sus modalidades, incluidos los arrestos domiciliarios de los grupos de riesgo.

En paralelo, la situación en los centros de detención dependientes de la Policía de la Ciudad ha continuado colapsada. Debido a las cambiantes, aunque persistentes, restricciones en el ingreso de nuevos detenidos y detenidas a las prisiones del SPF, a fines del mes de julio 230 personas permanecían de forma extendida en espacios no destinados a su alojamiento prolongado. Tras superar las plazas disponibles en las alcaidías, se ubicó a personas detenidas en comisarías vecinales, pese a que ninguno de los espacios reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. Este escenario se ha vuelto especialmente grave en el caso de las personas contagiadas con COVID-19 que permanecen detenidas en estos sectores.

Por último, se destaca el fuerte aumento de contagios producidos en las cárceles del SPF, pero también en los diversos espacios de encierro de la Policía de la Ciudad y, en menor medida, en los institutos de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo de junio a julio el contagio de personas privadas de libertad en estas instituciones prácticamente se quintuplicó, y las primeras cifras del mes de agosto no ofrecen un panorama alentador.

Desde el comienzo de la pandemia, el sistema federal ha sido permanentemente monitoreado por los distintos equipos territoriales de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. A partir de la información resultante de este trabajo y los datos publicados por el SPF, el Equipo de Estadística y Bases de Datos de la PPN ha elaborado este nuevo reporte estadístico para actualizar y ampliar la información sobre diversas dimensiones significativas acerca de lo que ha ocurrido principalmente en las cárceles federales a lo largo de los cuatro meses y medio de emergencia sanitaria.

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