Un proyecto de ley presentado por diputados nacionales propone que cuando una persona privada de su libertad sufra lesiones graves o cualquier otro padecimiento análogo o se produzca su muerte, se presumirá la falta de servicio, salvo prueba de lo contrario.
El día 16 de noviembre fue inaugurada la delegación Córdoba de la Procuración Penitenciaria de la Nación, desde donde se brindará protección de los Derechos Humanos a todas las personas que se encuentran privadas de libertad por delitos federales, en cárceles dependientes del servicio penitenciario provincial.
Bajo el número 8453-D-2010, quedó registrada la solicitud de informes que la Cámara de Diputados resolvió requerir al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en relación al funcionamiento del CUD.
Invitado por la Asociación para la Prevención de la Tortura el día 24 de noviembre, el Director del área de Protección de Derechos Humanos, Ariel Cejas Meliare, concurrió a la ciudad de Río Negro junto con organismos de DD.HH. de esa provincia donde fueron recibidos por el Vicegobernador Bautista Mendioroz y el Presidente del Tribunal Superior.
En Fecha 02 de noviembre de 2010, el Sr. Procurador encomendó, mediante Recomendación Nº 727 al señor Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal que arbitre las medidas necesarias a fin de suministrar la dieta casher para aquellos presos que respeten los preceptos de la religión judía.
En contestación a las declaraciones del Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, quien sostuviera en una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur (PARLASUR), la inexistencia de muertes por “violencia interna” en cárceles federales (http://www.elpatagonico.net, entre otras), la Procuración Penitenciaria de la Nación considera relevante destacar que, de acuerdo a sus registros, la cifra en el último año calendario asciende a once fallecimientos por causas violentas o traumáticas.