21 de junio, 2018.
La Defensoría del Pueblo de la Nación y la Procuración Penitenciaria lanzaron el “Laboratorio de innovación para organismos garantes de derechos y de control externo”.
La alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral, fundada en 2011 por ocho gobiernos (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, África del Sur, Reino Unido y Estados Unidos) que suscribieron la Declaración sobre Gobierno Abierto. Actualmente cuenta con 70 países miembros, entre ellos Argentina desde 2012. Su objetivo es lograr que los gobiernos sean más transparentes, participativos y encuentren nuevas formas de crear políticas públicas con los ciudadanos.
En este marco, el Plan Nacional de Gobierno Abierto es un documento base donde los Gobiernos, a través del Poder Ejecutivo Nacional, se comprometen a realizar acciones en pos de un Gobierno Abierto por un periodo de dos años. La participación ciudadana es un elemento fundamental en su elaboración. De esta forma, la co-creación entre Estado, el sector privado y la sociedad civil es el mecanismo esencial para consensuar los compromisos que asumirá el gobierno.
En este 3er Plan Nacional de Gobierno Abierto (2015-2019), la PPN asumió dos compromisos acordados con la sociedad civil, otros organismos y diferentes actores: uno de los compromisos asumidos por PPN es el Laboratorio de Innovación de Organismos Garantes de Derechos y de Control Externo, coordinado por el área Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN), y la Subdirección General de Gestión Administrativa de la PPN.
Con ello se busca mejorar la sinergia entre las instituciones, aumentar la participación de la sociedad civil en el control público y mejorar el impacto de sus acciones.
En particular, el Laboratorio tiene dos ejes de trabajo: la sensibilización interna y la colaboración con sociedad civil. Para ello, ya se realizaron capacitaciones internas a funcionarios públicos y reuniones regulares interdisciplinarias tanto para abordar temas de trabajo de los organismos sobre los que se vislumbran desafíos u oportunidades de mejora, como para generar proyectos a testear en modo piloto. Así, mediante la participación de organizaciones de la sociedad civil se busca nutrir el espacio y conocer su óptica de las problemáticas que se presentan en materia de derechos y control público, de forma tal que las contribuciones permitan a los organismos alcanzar mejores soluciones, optimizar la visibilización de las problemáticas y así obtener un mejor impacto de las actuaciones. De este modo, busca generar un espacio de encuentro, intercambio de conocimiento y trabajo articulado entre organismos de control y organizaciones de la sociedad civil junto a especialistas de datos abiertos, periodistas de datos y desarrolladores de datos abiertos con miras a evaluar, diseñar y desarrollar proyectos basados en datos abiertos y facilitar el uso, reutilización y difusión de la información que producen los organismos.
En este primer piloto del laboratorio, orientado a la elaboración de un protocolo o instructivo de buenas prácticas, se intenta identificar y comprender los problemas, para generar soluciones superadoras desarrollando ideas relacionadas con la etapa de vinculación familiar en el caso de la búsqueda de identidad biológica.
El encuentro comenzó con la presentación de cada uno de los participantes. El moderador, Andrés Snitcofsky, explicó el objetivo que persigue un Laboratorio indicando que el desafío principal en este caso consiste en que el uso de toda la experiencia y trabajo previo en el tema que tienen los participantes, permitan llegar a la concreción del objetivo.
Participaron del encuentro Clara Liz Pereyra; Mirian Chujer de U.N.O. (Unidos por la búsqueda de nuestros orígenes), María Inés Gonzalez por Quienes Somos; Gisela Di Vincenzo y Silvia Tarrio, de Búsquedas Verdades Infinitas; Ester Hublich, de Madres en Búsqueda; Julieta Terrile de Raíz Natal; Liliana Leiva y María Alicia Predazzi, de Madres por la Verdad; Nélida Gauto, de Nacidos en Turdera, Valeria Efron Directora de la RETIB de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con su grupo de trabajo, además del equipo de la PPN y la Defensoría, organizadores del Lab.
En una primera etapa, se avanzó en la definición del Tema/Problema, como ítem principal y necesario para el desarrollo del objetivo y se planteó establecer “palabras claves”. Este ejercicio permitió el surgimiento de distintas situaciones que caracterizan a la búsqueda de la identidad biológica: resistencia, miedo, desconocimiento, acercamiento, incertidumbre, rechazo, desconfianza, desigualdad/destiempo (en donde el buscador tiene conocimiento e información y el buscado no), emociones, etc.
En la siguiente etapa, se intentó establecer los aspectos positivos que traería aparejado la creación del Protocolo o Instructivo de Buenas Prácticas para la etapa de vinculación, buscando evitar efecto negativo en las partes involucradas, y facilitar las tareas de quienes colaboran en la etapa de vinculación entre el buscador y buscado. El proceso estará conformado por tres partes: buscador, buscado, y las instituciones intervinientes (ONG, Defensor del Pueblo, etc). Con este Protocolo, todo aquello que resulta negativo en la etapa de vinculación, es posible transformarlo en una herramienta positiva para las instituciones que participan como intermediarios, debido a que cuentan con más conocimiento e información de la situación del buscador y buscado, lo que permitirá generar confianza, eliminar el miedo, eliminar la incertidumbre.
Luego de definir los “Ejes” que pueden afectar a los buscadores, el encuentro finalizó con las conclusiones de esta primera etapa.
