30 de Julio, 2018.
Los días 26 y 27 de julio, la Procuración Penitenciaria de la Nación estuvo presente en el VI Congreso de Derecho de Ejecución Penal, llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires organizado por el CEEP.
El Dr. Ariel Cejas Meliare, Procurador Adjunto Interino de la PPN, participó del panel Monitoreo de prisiones. Mecanismos de prevención de la tortura y organismos de control. El mismo se desarrolló en el Salón Azul y contó con la presencia de la Dra. Mónica Pinto, ex decana de la Facultad de Derecho de la UBA y el Dr. Gustavo Palmieri, miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Durante su exposición, el Dr. Cejas Meliare se manifestó sobre la importancia de los organismos de control. En este sentido, Argentina es pionera en la materia ya que existe un organismo de estas características hace más de 15 años. Además, hizo un relato sobre las distintas cuestiones relvadas en el Informe Anual 2017 haciendo hincapié en los problemas más graves de nuestras cárceles como sobrepoblación, malos tratos, fallecimientos y trabajo.
Con datos del último Informe Anual de este Organismo, el Procurador Adjunto Interino, explicó que se registraron 615 casos de tortura y malos tratos, de los cuales 198 contaron con el consentimiento de las víctimas para ser presentadas las denuncias. Sobre el trabajo en cárceles, afirmó que éste es esclavo en las cárceles provinciales, ya que el presupuesto carcelario se redujo con las nuevas medidas de ajuste en un 30%, y en ese porcentaje se encuentra el 100% del peculio de los privados de libertad.
La Dra. Mónica Pinto, relató el origen del Protocolo Adicional a la Convención Contra la Tortura, enumeró los distintos organismos que existen a nivel internacional y afirmó que “todos los mecanismos trabajan sobre la base de una legada violación de la prohibición de la tortura”.
El Dr. Palmieri, explicó el proceso de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del que forma parte. En ese sentido, manifestó que este organismo debe velar por el cumplimiento de las recomendaciones y las obligaciones que la Argentina tiene en materia de prevención de la tortura, tanto en el Estado federal como en las provincias.