Presentación ante Naciones Unidas de la Comisión por la Memoria. 

En un informe que se presentará esta semana ante el Comité de Derechos Humanos se advierte sobre el agravamiento de la situación carcelaria en la provincia y las consecuencias de las políticas de seguridad.
La Comisión por la Memoria presentará un informe ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se alerta sobre el agravamiento de la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires. El documento será presentado por Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano García durante dos audiencias concedidas el 8 y 11 de marzo en la ciudad de Nueva York, en el marco de la sesión 98 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  

“La provincia de Buenos Aires concentra el 50% de todas las personas detenidas en el país. Su tasa de encarcelamiento es de las más altas de la región. La población carcelaria está creciendo en la provincia de Buenos Aires, nuevamente se superan los 30.000 detenidos. Las sobrepoblación en las cárceles es el marco que agrava la violencia institucional sobre los detenidos. La tendencia es preocupante: actualmente, sólo en comisarías tenemos 4700 detenidos. Este panorama va a agravarse si se aprueba la iniciativa del gobernador Scioli de volver a endurecer el régimen de excarcelaciones y aún más si lleva insiste con un Código Contravencional arcaico y basado en dotar de mayor poder arbitrario a la policía bonaerense, tal como anunció en su discurso de apertura de la sesiones ordinarias de la Legislatura. Estas políticas ya han demostrado su ineficacia frente al delito y son promotoras de violaciones de los derechos humanos.  Esta semana hemos tenido reuniones con legisladores de los distintos bloques advirtiendo sobre esta situación. Ahora lo haremos en los foros internacionales” afirmó Alejandro Mosquera, miembro de la Comisión por la Memoria. 

El informe que se presentará ofrece una visión alternativa a la presentada por el gobierno nacional ante las Naciones Unidas. “Puntualmente nos detenemos en la situación de la provincia de Buenos y las graves consecuencias de las políticas penitenciarias, de seguridad y niñez impulsadas en estos últimos dos años”, explicó Roberto Cipriano, coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria. 

De este modo en Naciones Unidas además de la voz del Estado Nacional, se escucharán las voces de otras instituciones y organizaciones no gubernamentales. Además de la Comisión por la Memoria también presentarán informes fuertemente críticos el CELS y la APDH. 

Según se consigna en el informe que presentará la Comisión por la Memoria, el 76 % de la población carcelaria bonaerense está procesada y en el caso de las mujeres el porcentaje se eleva al 85%.  “Hay un uso generalizado de la prisión preventiva como pena anticipada –señaló Cipriano- . La provincia tiene uno de los porcentajes más altos del continente. Recientemente la Corte Nacional advirtió sobre el incumplimiento del fallo Verbitsky y expresó su preocupación por la persistencia de la violencia estructural y la falta de respeto de los estándares mínimos sobre condiciones de detención”.  

El documento presentado ante las Naciones Unidas, hace una breve historia de las idas y vueltas de las políticas penitenciarias y de seguridad en la mayor de las provincias del país, donde hay alrededor de 30.000 personas privadas de su libertad (en 54 cárceles, 12 institutos penales de menores y 310 comisarías). “El sistema penal es selectivo: los detenidos provienen de sectores excluidos de la sociedad, mayoritariamente pobres y jóvenes Las personas detenidas padecen la violencia institucional estructural, las torturas como práctica sistemática, la sobrepoblación, el abandono sanitario y la inexistencia de tratamientos resocializadores. El Poder Ejecutivo Provincial no ha tomado decisiones político-institucionales tendientes a modificar esta realidad, por el contrario la ha profundizado” afirma el documento. 

Tras pasar revista a los dos intentos de reforma y democratización de la policía bonaerense (1998 y 2004), el documento señala que a partir de la gestión del actual ministro de Seguridad, Carlos Stornelli se ha delegado el control político en la policía y se ha vuelto al concepto de autogobierno de la fuerza.  

En consonancia con estas caracterizaciones, los sucesivos relevamientos del estado de los derechos humanos en los sitios de detención de la provincia han demostrado que los tratos crueles o aberrantes, los apremios ilegales y la tortura se repiten sistemáticamente en todos los establecimientos como un modo de control de los internos, así como las políticas de seguridad tienden a que, en lugar de perseguir al delito complejo y organizado, se utilice a la policía como medio de control de los sectores sociales más desfavorecidos. 

El resultado de las políticas de seguridad y penitenciaria de la administración Scioli –indica el documento- es el uso cada vez más extendido de prácticas como la ilegal detención por averiguación de antecedentes por parte de la policía, y la repetición de casos de torturas (se ha probado en tres oportunidades el uso de picana eléctrica sobre presos, en ninguno de los casos se identificó y sancionó a los responsables), la desatención de personas enfermas, el recurso permanente al aislamiento como castigo, los suicidios sospechosos en sitios de detención. Cabe destacar que durante el año 2009 se presentaron 996 habeas corpus individuales por hechos graves de violencia ocurridos en 43 cárceles, 15 comisarías y 4 institutos de menores. 

Además, resulta de extrema gravedad una nueva desaparición de persona: la del joven Luciano Arruga, visto por última vez en una comisaría de Lomas del Mirador. El documento desarrolla este caso -en el que existen evidencias acerca de la participación policial y el previo hostigamiento a la víctima- así como el de la desaparición de Jorge Julio López en 2006. 

Asimismo, el documento hace hincapié en que uno de los graves problemas en la lucha contra la tortura es el posicionamiento de jueces y fiscales, que suelen negar los hechos, minimizarlos o no investigarlos. Una evidencia de esa forma de operar es que de 10.936 causas iniciadas entre 2000 y 2006,  sólo trece fueron calificadas como torturas. De esas causas, un 37% se encuentra archivada y un 2% fue desestimada; sólo un 1% fue elevada a juicio. 

En relación con esto, se da cuenta de que otro de los ítems en los cuales el gobierno argentino está en deuda es la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Incluso se subraya que “la información que brinda el Estado argentino en este punto no refleja lo acontecido”. Y se plantea que: “es indispensable que el Estado cumpla con sus compromisos internacionales y apruebe la creación de los mecanismos nacionales y provinciales de lucha contra la tortura, garantizando su independencia funcional y financiera”. 

El documento desglosa un conjunto de datos sobre la situación carcelaria: 

-Crecimiento de la cantidad de mujeres detenidas en los últimos tres años.

-Aumento de las muertes en establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial: 112 en 2008, lo cual implica un 10% más que en 2007. Y a noviembre de 2009 se relevaron 104 muertes. Se trata de muertes traumáticas –según la clasificación del propio S.P.B.- en un 41% del total (peleas, heridas con arma blanca, suicidios). Mientras que del 57% de las muertes no traumáticas, una buena cantidad sería evitable si se atendiera de manera adecuada a personas gravemente enfermas o se les otorgara el beneficio, dada su condición, de la prisión domiciliaria (enfermos de SIDA y tuberculosis).

-Hechos violentos: ascendieron a más de 7.000 durante el 2008: peleas entre internos, autolesiones, intentos de suicidio, agresiones al personal. Resulta especialmente llamativo que el S.P.B. no dé cuenta de ningún caso de ejercicio de la violencia de su propio personal sobre los internos, lo que contrasta notoriamente con la cantidad de denuncias por parte de éstos, corroboradas en casos por las pericias médicas.

-Represión como herramienta preponderante para resolver las situaciones conflictivas: por ejemplo, 123 casos de represión con balas de goma por mes en el año 2008.

-Uso de traslados constantes como forma de disciplinar a quienes se quejan por los malos tratos, reclaman por sus derechos o denuncian al S.P.B. Debe tenerse en cuenta que los traslados acarrean mayor violencia (despedidas y “bienvenidas” a golpes) y pérdida de los derechos adquiridos (por ejemplo para acceder al estudio se debe contar con buena conducta, y para esto es necesario permanecer un lapso prolongado en una misma cárcel). El 93% de los entrevistados por el Comité Contra la Tortura fue trasladado el último año. El 53% fue trasladado más de 6 veces.

-Alto porcentaje de mujeres con prolongada prisión preventiva y de mujeres en prisión con sus hijos. Salvo en la U.33 no existen pabellones especiales. De este modo, se viola el derecho de los niños a la educación, a la salud y al contacto con su familia. 

La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo autónomo y autárquico respecto de los tres poderes del Estado, la integran reconocidos defensores de los Derechos Humanos, provenientes tanto de los organismos, como de distintas asociaciones sindicales, distintas iglesias, la universidad pública y otros ámbitos de la cultura. La integran el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ex Fiscal Hugo Cañón , la hermana Martha Pelloni , el obispo Aldo Etchegoyen , Laura Conte , Victor Mendibil, Emilce Moler, Susana Mendez, Mauricio Tenembaun, Carlos Sanchez Viamonte, Alejandro Mosquera , Fortunato Mallimaci, Roberto Tito Cossa, Luis Lima, Elizabeth Rivas, Elisa Carca, Verónica Piccone, Victor De Gennaro, Daniel Goldman y Mempo Giardinelli. La Comisión creó en el año 2003 el Comité Contra la Tortura, un programa que realiza tareas de monitoreo en los lugares de detención en la provincia, inspeccionando periódicamente cárceles, comisarías e institutos de menores.  Anualmente, el Comité publica –desde el año 2004- un informe exhaustivo sobre violaciones a los derechos humanos en los lugares de detención y efectúa un análisis de las políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez.