26 de Noviembre, 2018.
El pasado mes de octubre, el diputado Luis Borsani presentó ante el Congreso un proyecto para modificar la Ley 27.319. El mismo resulta por una iniciativa de la Procuración Penitenciaria.
La Ley 27.319 establece la entrega vigilada como una técnica especial de investigación para la prevención y lucha de los delitos complejos. Se encuentra establecida como una estrategia para facilitar la identificación, detención y procesamiento de los líderes de la empresa delictiva en cuestión.
La entrega vigilada permite realizar un seguimiento sobre un ilícito en curso con el fin de investigar la estructura delictiva.
Para la Procuración Penitenciaria, sin embargo, se desdoblan dos cuestiones relacionadas a la aplicación de la mencionada técnica. En primer lugar, al momento de desarrollarla, cabe la posibilidad de que la entrega se realice en países donde la pena de muerte es aplicada a distintos delitos. En segundo lugar, gran parte de las personas detenidas por delitos de drogas, suelen ser mulas y traficantes de menor escala que no cumplen roles relevantes en la cadena de tráfico de los estupefacientes.
Por estos motivos, este Organismo recomienda que no se aplique la entrega vigilada cuando en el país de destino, el delito sea condenado con la pena de muerte, privación de la libertad de por vida o penas infamantes.
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