Varios diputados nacionales acompañaron con su firma un proyecto de declaración en el cual se expresa “preocupación por la situación que atraviesa el fuero nacional de ejecución penal y repudian el incumplimiento sostenido del mandato de las leyes 26.070 y 24.050”. 

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional, “la urgente remisión de los pedidos de acuerdo para cubrir las vacantes existentes en las fiscalías nacionales de ejecución penal y que ponga a disposición del Poder Judicial de la Nación, las instalaciones necesarias para organizar las oficinas previstas en el tercer párrafo del artículo 29 de la ley 24.050”.
Además pide a los jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “ la inmediata designación de los profesionales integrantes de los equipos interdisciplinarios y de los funcionarios encargados de la representación de los juzgados de ejecución en los establecimientos penitenciarios y en las oficinas para el control de la suspensión de juicio a prueba; la puesta en funcionamiento de los juzgados de ejecución penal creados por la ley 26.070; y la organización de las oficinas con asiento en unidades carcelarias y para el control de la suspensión del juicio a prueba”.
En la iniciativa señalan que “hoy existen sólo 3 juzgados y 3 jueces nacionales de ejecución penal para controlar que el cumplimiento de la pena privativa de la libertad se realice en condiciones respetuosas de los derechos humanos, y que los imputados cumplan con las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión del procedimiento a prueba, colaborar en la reinserción social de los liberados condicionalmente y  resolver los planteos de las 9.149 personas, que de acuerdo al último informe oficial, se encuentran alojadas en los distintos establecimientos del Servicio Penitenciario Federal”.
Y recuerdan que en 2005 se había tomado conciencia del problema que esto representa y se dispuso, con la sanción de la ley 26.070, la creación de dos nuevos juzgados para aliviar la preocupante sobrecarga de trabajo e intensificar el control judicial sobre las prisiones.
“La designación de los jueces se hizo efectiva recién en el año 2008, pero al día de hoy ninguno de los dos juzgados cuenta con un espacio físico, ni está funcionando. De hecho, estos dos magistrados se desempeñan como subrogantes en los juzgados 1 y 2, que actualmente se encuentran vacantes”, revelan en el escrito y agregan que “el concurso para cubrir la vacante provocada por la renuncia del Dr. Sergio Delgado en abril de 2010, aún se encuentra en trámite y ni siquiera han sido designados los integrantes del jurado”.