27 de Mayo, 2020.
El Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación en conjunto con la Red Corpora en Libertad, presenta un nuevo informe que expone la situación de las personas LGTBQI+ privadas de su libertad, analizando los efectos nocivos de la pandemia COVID-19.
El documento describe la situación de las personas LGTBQI+ en contextos de encierro desde una mirada regional, situando la realidad de nueve países de la región, incluyendo a Argentina. A la vez, repone las recomendaciones efectuadas desde los organismos internacionales de DDHH, poniéndolas en diálogo con las medidas implementadas desde los Estados con relación a las políticas efectuadas hacia las personas LGTBQI+ privadas de su libertad.
El informe da cuenta del impacto diferencial de la prisión en las personas LGTBQI+ privadas de su libertad en función del ordenamiento binario y heterocisnormativo de los centros penitenciarios de la región, y las vulneraciones de derechos que sufren por motivo de identidad de género y/u orientación sexual.
En este punto, destaca que la intersección de factores sociales como género, clase, etnia/raza y situación de encierro, produce que en la cárcel las personas LGTBQI+ se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. Ante ello agrega que la cárcel potencia y agudiza las condiciones previas de desigualdad social y estructural que atraviesan muchas personas de la comunidad LGTBQI+, y con mayor especificidad las mujeres trans y travestis. Indica que gran parte de las personas LGTBQI+ provienen de contextos vulnerados, enfrentando en sus vidas anteriores a la cárcel exclusión, pobreza, desvinculación familiar, expulsión de los centros educativos, desempleo, situación de calle y como consecuencia de todo lo anterior, su salud se encuentra atravesada por patologías físicas (como VIH) y condiciones de salud mental como depresión, angustias, y ansiedad.
En el caso de Argentina, el informe señala la preocupación por la situación de los derechos humanos de las personas LGTBQI+ en contextos de encierro, teniendo en cuenta que las medidas adoptadas por el SPF no resultan suficientes dadas las problemáticas estructurales de sobrepoblación, hacinamiento, escasez de recursos y falta de acceso a la salud, entre otros; asimismo expone la falta de perspectiva en géneros y diversidad sexual en los abordajes judiciales y penitenciarios.
Asimismo, destaca la labor de la PPN en la promoción de presentaciones judiciales en acompañamiento de pedidos de excarcelaciones y arrestos domiciliarios en los casos de personas LGTBQI+ que presentan riesgos de salud. En esta línea, se valora la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de otorgamiento de la prisión domiciliaria a una mujer trans, que tuvo en cuenta información producida por esta Procuración, la cual enfatiza el carácter excepcional de la especial vulnerabilidad de las personas trans y travestis en los ámbitos carcelarios. La resolución reconoce la complejidad del desenvolvimiento de algunas patologías en el encierro, y las limitaciones de los servicios penitenciarios para garantizar el acceso a la salud integral y las necesidades particulares del colectivo trans y travestis.