08 de Mayo, 2023.

Dentro de los espacios de encierro, la violencia institucional es una de las problemáticas estructurales más naturalizadas. Desde hace 30 años, la PPN trabaja para registrar casos de tortura y malos tratos y presentar denuncias ante estos hechos.

La creación de la Procuración Penitenciaria de la Nación supuso un avance en la Argentina para la protección de los derechos humanos y también un modelo a seguir para otros países.

Uno de los ejes de trabajo principales del organismo es la investigación y registro de los casos de tortura y malos tratos en contexto de encierro, los fallecimientos en prisión, y la lucha para dar a conocer las vulneraciones que sufren las personas privadas de libertad, que suelen quedan ocultas tras los muros.

Estos datos, recabados durante los monitoreos, son sistematizados y procesados con el objetivo de visibilizar la existencia de las diversas formas que asume la violencia institucional.

En el último boletín estadístico, que reúne datos desde enero hasta diciembre de 2022 y analiza los efectos más graves del encarcelamiento, la PPN registró 316 hechos de tortura y malos tratos con un total de 215 víctimas, algunas de las cuales fueron revictimizadas en más de una ocasión.

En cuanto a los episodios, 207 fueron individuales y 25 colectivos. A raíz de esta información, la PPN presentó 115 denuncias penales, con el consentimiento expreso de la víctima.

Denunciar estos hechos reviste de gran dificultad para las víctimas, quienes temen represalias y a la vez no siempre consiguen señalar o reconocer a sus victimarios. De este modo, se dificulta la generación de pruebas para las investigaciones administrativas de la Procuración y también para los casos en donde se denuncia penalmente.

Lejos de tratarse de situaciones contingentes, las golpizas, sus modalidades y formas de encubrimiento, demuestran no solo la sistematicidad de la violencia institucional, sino también la búsqueda de impunidad por parte de sus perpetradores.

En este día y en cada día, la PPN refuerza su compromiso en la lucha contra la violencia institucional en todas sus formas y en la construcción de datos que permitan diseñar estrategias y acciones en el marco de la prevención de esta problemática.