06 de Julio, 2023.

Desde el inicio del aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional en 2020, la situación de las personas detenidas en dependencias transitorias se ha visto agravada.

Desde la entrada en vigencia del decreto de aislamiento en marzo de 2020, se generó una situación de cuello de botella en centros transitorios no penitenciarios (comisarías y alcaidías) en donde las personas detenidas superaban ampliamente el tiempo de permanencia y no eran trasladadas al Servicio Penitenciario Federal.

Esta situación se torna aún más grave para el colectivo de personas albergadas en calidad de condenadas que transitan allí gran parte de su condena (o incluso hasta llegar a cumplimentarla), sin ningún tipo de progresividad.

La ausencia de un régimen de progresividad y tratamiento penitenciario atenta contra el objetivo principal de la Ley de Ejecución Penal y con la normativa nacional e internacional en la materia: la resocialización o reinserción social de la persona privada de su libertad.

Ante esta vulneración, el 22 de diciembre de 2022, la PPN emitió la Recomendación Nº 951, para exponer los elementos esenciales que confluyen en esta situación de emergencia, visibilizándola y, fundamentalmente, solicitando a los diferentes actores del Poder Judicial que tengan especial consideración de dicho contexto para la consecuente resolución de incidencias liberatorias y egresos anticipados. En síntesis, tal recomendación promulga que las gravosas consecuencias de no contar con un régimen de progresividad -de ninguna manera- deben ser soportadas por la persona detenida.

Además, la Recomendación fue remitida a los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal, Cámaras de Casación Nacional y Federal y a las diferentes Cámaras de apelaciones a fin de que sea comunicada a los tribunales del fuero penal.

Asimismo, dicho instrumento fue puesto en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resaltando la manifiesta preocupación, actividad e interés de nuestro Máximo Tribunal respecto a la situación de las personas detenidas en forma permanente en centros transitorios.

A su vez, en el marco de la acción de habeas corpus colectivo a favor de esta población alojada en Policía de la Ciudad, el JPCyF Nº 3, en fecha 25 de abril de 2023, ordenó al SPF el ingreso inmediato de las personas condenadas a sus establecimientos penitenciarios hasta arribar -como fecha límite el 31 de julio de 2023- a la desocupación total en la órbita de Policía y prohibiendo su alojamiento allí a partir del 1 de agosto.

Desde la fecha de presentación de la Recomendación y de la resolución judicial señalada, la situación se ha agravado sustancialmente. Basta remarcar que a diciembre de 2022 en la órbita de Policía de la Ciudad se alojaban 967 personas, de las cuales 112 estaban condenadas (un 12% del total), mientras que al 30 de junio de este año, se alojan 1.387 personas, de las cuales 178 están condenadas, representando un 13% del total.

Esta Procuración continuará monitoreando de cerca esta gravísima situación y el efecto de la recomendación, como así también seguirá proponiendo diversas medidas que tiendan a proteger los derechos de las personas detenidas alojadas en espacios de tránsito y ponga fin a los agravamientos descriptos.