03 de Mayo, 2024.

El Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un reporte actualizado a diciembre de 2023 con información sobre la relación entre política criminal y política de encarcelamiento.

El documento recupera datos de todo 2023 pero hace especial énfasis en los últimos meses del año. Da cuenta de una tendencia creciente (aunque fluctuante) de la evolución de los condenados con penas cortas en el SPF, en comisarías y alcaidías de CABA; que se aceleró durante ese periodo. Allí se registró un valor pico en diciembre de 2023 para el SPF con 1.160 casos, que se elevó a 1.541 con la suma de los condenados en dependencias de la Policía de la CABA.

En dos años se produjo un aumento de 215 casos en el SPF, lo que representa un incremento del 23%. Pero si se considera que todos los condenados en dependencias de la Policía de la CABA tuvieron impuestas penas cortas el aumento sería de 499 casos más y el incremento de 48%.

Las penas cortas de hasta 36 meses son las que más se han incrementado. Posiblemente esto se deba, por un lado, a la Ley de Flagrancia N°27.272, que comenzó a aplicarse en 2016 y por otro, a la Ley Petri N°27.375 de reforma de la Ley de Ejecución Penal aprobada durante el año 2017. Esta última tuvo un fuerte impacto en la imposición de penas de hasta 6 meses de cumplimiento efectivo, ya que eliminó la posibilidad de sustituir por tareas para la comunidad.

Si bien este tipo de penas fueron las que más descendieron durante la pandemia del COVID-19, tras la finalización del aislamiento comenzaron un proceso de crecimiento más acelerado que el resto de las penas cortas.

En el último cuatrimestre de 2023 hubo un cambio en la dinámica de las penas más cortas (hasta 6 meses) en comparación con los años anteriores (2020-2022). Durante esos años, estas seguían las fluctuaciones del conjunto de penas de hasta 36 meses, con valores más bajos en el tercer trimestre que en el segundo, y luego aumentaban hacia fin de año, superando los picos de mitad de año.

Sin embargo, en 2023, las penas de hasta 6 meses mostraron una tendencia a la baja en el tercer trimestre para los detenidos en el SPF. Esto coincide con el crecimiento general de las penas cortas y otras categorías de penas de entre 6 meses y 36 meses. Además, este movimiento se relaciona con un aumento en el número de detenidos en comisarías, lo que prolonga los tiempos de encierro hasta su traslado al SPF. En resumen, es probable que en gran medida muchos detenidos con penas de hasta 6 meses estén cumpliendo sus penas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.

En síntesis, pasado el efecto de los primeros meses de la coyuntura COVID-19, la evolución del encarcelamiento en lo relativo a las penas cortas recupera la tendencia creciente y la característica es de un crecimiento mayor entre las penas más cortas dentro del conjunto de las penas cortas (hasta 36 meses). Esta tendencia, en el marco de las restricciones del SPF para dar ingreso tiene como efecto inmediato que cuanto menor es la gravedad del delito imputado más probabilidades hay de que la pena se cumpla en dependencias policiales, o sea en condiciones que hace imposible el cumplimiento de la Ley de Ejecución Penal.

Sobre el informe

Este material forma parte del proyecto marco “El Estado y la producción de información. Deficiencias y ausencias en el relevamiento y la producción de datos. El caso Argentina. La producción estadística a nivel nacional, regional y mundial sobre la población encarcelada”, y tiene por objetivo la producción de información estadística acerca de la relación entre política criminal y política de encarcelamiento. Se basa en fuentes secundarias de diferentes organismos estatales y se procesa para garantizar la calidad y la consistencia de la información.