10 de Octubre, 2025.
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, fecha impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, resulta necesario reflexionar sobre los avances, retrocesos y deudas persistentes en torno al acceso a la salud mental dentro del Sistema Penitenciario Federal. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación se han impulsado diversas intervenciones destinadas a mejorar las condiciones asistenciales y de alojamiento de las personas privadas de su libertad, entendiendo que el cuidado de la salud mental no se agota en la mera asistencia, sino que implica también la posibilidad de construir vínculos, sostener proyectos y habitar espacios que no reproduzcan el padecimiento.
Se reconocen avances significativos, como el reciente reconocimiento del derecho de una persona alojada en PRISMA a acceder a visitas íntimas. Esta medida constituye un paso importante —a sostener y ampliar— hacia la igualdad con el resto de la población y la no estigmatización de quienes sostienen tratamientos en dispositivos de salud mental, fortaleciendo sus vínculos afectivos y su sostén subjetivo.
La salud mental en contextos de encierro exige una política pública sostenida, que articule derechos humanos, atención digna y condiciones institucionales que no reproduzcan el sufrimiento, sino que habiliten procesos de subjetivación y proyectos de vida inclusivos. Promover una mirada integral sobre el padecimiento psíquico en prisión es, en definitiva, una forma de reafirmar la humanidad de quienes, aun privados de libertad, continúan siendo sujetos de derechos, tal como estipula la Constitución Nacional.
Sin embargo, hay retrocesos recientes se suman a las deudas históricas. Se observa un deterioro sostenido de las condiciones laborales del personal de salud mental —como la falta de espacios adecuados para la atención, tanto individual como grupal, y la disminución del número de profesionales—, lo cual impacta directamente en la calidad y continuidad de las intervenciones. A ello se suma el empobrecimiento de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad: la reducción de la oferta laboral, educativa y recreativa profundiza el aislamiento, favoreciendo modalidades de encierro prolongado y prácticas de medicalización sostenidas. En este sentido, preocupa la persistencia de la circulación desregulada de psicofármacos, que pone en riesgo la salud y la vida de las personas alojadas.