El Sistema de Coordinación y Seguimiento de control Judicial de Unidades Carcelarias —una  iniciativa interinstitucional integrada por jueces, defensores fiscales, funcionarios del gobierno y por el Procurador Penitenciario de la Nación, además del CELS como organización de consulta— emitió  su primera recomendación a fin de que los servicios penitenciarios del país y todas las fuerzas de seguridad den inmediata intervención a los jueces y fiscales como primera medida ante la muerte de una persona privada de su libertad. 

Asimismo, señaló a jueces y fiscales la necesidad de efectuar cada investigación de la manera más completa posible. La Recomendación fue entregada formalmente en la sede de la Cámara Nacional de Casación al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio Alak, y al Sr. Director del SPF, Dr. Alejandro Marambio.

La recomendación recoge, en gran parte, el sostenido trabajo de la Procuración Penitenciaria de la Nación para el relevamiento e investigación eficaces de las muertes ocurridas en contextos de encierro.  Los fallecimientos en prisión se han transformado en línea prioritaria de trabajo de este organismo y constituyen una de las aristas más complejas de abordar en la violación de los derechos humanos de las personas detenidas. Desde 2008 la Procuración ha venido  indagando sobre aspectos cuantitativos y cualitativos del fenómeno y evaluando las regularidades de diversas prácticas de agencias estatales. Y a partir del 1 de enero de 2009, la PPN estableció un Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión, que aplica de modo sistematizado e ininterrumpido desde entonces.

Ese trabajo de la Procuración puso en evidencia que durante los últimos años se produjo un incremento llamativo de la cantidad de fallecimientos de personas privadas de la libertad en todo el país y denunció que estos no siempre son debidamente investigados.  La Recomendación indica que en 2010 se registraron 32 muertes, que ascendieron a 39 en 2011; a 57 en 2012; y a 29 en lo que va del 2013. Prevenir nuevas muertes, promover la investigación eficaz de las ocurridas y erradicar la impunidad de los homicidios intramuros son objetivos centrales y prioritarios de la Procuración con los que se alinean la recomendación y el señalamiento emitidos por los distintos actores que integran el sistema.