20 de noviembre, 2013.

Un grupo de trabajadoras detenidas al interior del Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza presentaron una acción de habeas corpus correctivo a los fines de resguardar sus derechos laborales, al considerar que ciertos descuentos injustificados sobre sus haberes agravaban sus condiciones de detención.

Se referían, puntualmente, a la no retribución de las horas no trabajadas por encontrarse en educación, visitas, o comparendo judicial. Se denunciaban también las condiciones de seguridad e higiene de los talleres y la calidad de la alimentación suministrada en ellos.

Sobre el primer punto, en su resolución del pasado 14 de noviembre, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata con los votos de los Dres. Antonio Pacilio y Carlos Nogueira consideró que el Dictamen Nº 1013/2012, avalado en su momento por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, no podía resultar fuente de regulación de una situación laboral menos favorable que la establecida por el marco normativo nacional e internacional.

En consecuencia, ordenó al Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE) la elaboración de un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad que, “a la par de organizar el trabajo intramuros atendiendo al especial ámbito en el que se desarrolla, adapte su régimen a la normativa local vigente y los instrumentos internacionales que rigen la materia”. Para ello, requirió la intervención de los organismos del Estado vinculados a la materia, y expresamente la Procuración Penitenciaria de la Nación. Además, y hasta tanto sea elaborado dicho régimen, ordenó al Director Nacional del SPF instruya a las autoridades del CPF IV adecuar su actuación a lo normado por la Ley de Contrato de Trabajo.

Lejos de novedosa, esta situación controvertida se encuentra en debate ante la Cámara Nacional de Casación Penal, donde próximamente se celebrará audiencia en la Sala II en el marco de un habeas corpus correctivo presentado por un grupo de trabajadores privados de su libertad en el CPF I de Ezeiza. La Procuración Penitenciaria de la Nación se ha constituido como parte en aquellas actuaciones, adhiriendo al recurso presentado por la Defensa Pública con sus propios argumentos.