16 de diciembre, 2013.

En el marco de una acción de hábeas corpus interpuesta por las Defensoras Oficiales Marcela Piñero y Verónica Blanco de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Juez Nacional de instrucción Pablo Ormaechea consideró acreditada una serie de deficiencias en el Hospital Penitenciario Central del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ordenó la inmediata limpieza y desinfección del establecimiento.

Asimismo, el magistrado indicó que debía proveerse mobiliario elemental, ropa de cama y mejorarse el sistema de recolección de residuos, entre otras medidas dirigidas a asegurar condiciones mínimamente dignas a los pacientes.

Durante la audiencia del día viernes 13 de diciembre de 2013,se exhibieron las fotografías del lugar aportadas por los denunciantes y se escucharon las explicaciones del Director del Complejo CABA, Inspector General Juan Carlos Beltramo, quien reconoció la situación denunciada y se comprometió a emprender acciones en procura de una solución. Frente a la gravedad y contundencia del cuadro, el fiscal Anselmo Castelli, las funcionarias de la Procuvin Bárbara Franco y Paula Mallimaci Barral y la Defensora Oficial Patricia Tarraubella coincidieron en que debía hacerse lugar a la acción, tal como finalmente ordenó el magistrado, en especial, considerando la función del sector relevado.

El magistrado, fijó una inspección de control en el lugar y estableció un mecanismo de seguimiento periódico a desarrollarse durante enero de 2014. Para la Procuración el reconocimiento judicial de los hechos denunciados resultó un gesto positivo de la administración, no obstante el incumplimiento previo de sus deberes, y lo ha sido más aún el trámite judicial diligente dado a la denuncia, así como el compromiso judicial desplegado para el control efectivo de la ejecución de la sentencia. Todo ello, en definitiva, contribuye a un funcionamiento menos cruente del sistema penal en su conjunto y al efectivo respeto de los derechos de las personas, ante las falencias, errores u omisiones del sistema penitenciario.