18 de dicembre, 2013.

La Procuración Penitenciaria de la Nación recomendó mejorar el abrigo, la alimentación y las condiciones de higiene en las comisarías y alcaidías de Policía Federal Argentina ubicadas en la Capital Federal, ante las falencias detectadas en varias de sus dependencias.  

La Procuración desplegó un monitoreo sistemático del total de los calabozos de las 53 comisarías federales de la Capital Federal durante el segundo semestre del 2013 y mantuvo entrevistas confidenciales con las personas detenidas, lo que permitió concluir este primer relevamiento sistemático del encierro policial en la ciudad.

Entre otros aspectos, la PPN indagó sobre el trato otorgado a las personas privadas de su libertad, y en particular en torno a la provisión regular de abrigo, elementos de higiene y comida. Si bien el encierro en locales policiales  es acotado en el tiempo, la Procuración pudo verificar, no obstante, que la provisión deficiente de abrigo, comida y elementos de higiene aparece como un problema recurrente que podría solucionarse con una mejoraen la gestión. En muchos casos, la Procuración pudo advertir que son los propios familiares quienes aportan elementos básicos de subsistencia a los detenidos, o que es el propio personal policial quien articula mecanismos informales para la colecta y provisión de comida y enseres, ante la ausencia de un sistema general eficaz e idóneo.

La conclusión de esta serie de visitas a centros policiales colabora a tornar menos indigna la situación de las personas detenidas y consolida a la Procuración Penitenciaria como un organismo eficaz de tutela y protección de los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad, en línea con su remozado mandato como integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.  En esta dirección, el organismo destaca el valor del compromiso expreso del Sr. Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni frente a las atribuciones de contralor de la Procuración y su plena disposición a recibir estas observaciones, con la finalidad compartida de alinear el obrar estatal frente a las obligaciones internacionales del estado en materia de derechos humanos.