21 de Abril de 2014

La propuesta de reforma del Código Penal presenta una ocasión para una discusión seria respecto de nuestros mecanismos de castigo.

Ciertamente, el diseño de una ley de fondo no agota en modo alguno la cuestión penal que, en cambio, exige una reflexión más amplia también respecto de otros entramados normativos -como la ley orgánica penitenciaria y la ley procesal penal- y sobre todo la revisión de prácticas y políticas institucionales.
La complejidad y vastedad del problema, con todo, en nada inhibe la necesidad de revisar el código penal y frente al camino que el anteproyecto inicia, la Procuración Penitenciaria de la Nación espera poder contribuir en el marco de su mandato a las discusiones y a la mejora de la legislación penal.

La legislación penal argentina ha perdido sistematicidad y organicidad, no solo por la dispersión de normas penales sino también por la presencia de incoherencias sustantivas en el sistema de penas. En algunos casos, incluso, como ocurrió con las reforma de las llamadas *leyes Blumberg* se han generado espacios de endurecimiento penal que no están asociados a resultados sociales valiosos. Todo esto hace necesario recuperar unidad y
consistencia. Se trata de un esfuerzo que necesariamente debe ser mancomunado y cuya extensión nos exige a todos los actores involucrados prudencia, estudio y capacidad de análisis y escucha.

Con relación al tipo, la forma y la extensión de las penas nuestra posición de inicio solo puede ir en la dirección de reclamar prudencia y llamar la atención sobre las condiciones estructurales que tornan hoy muy gravoso al encierro penal.  Nuestra tarea cotidiana de escucha y visita a lugares de detención debe servirnos como comunidad a reflexionar sobre el impacto del encierro en la vida de una persona y en el ejercicio de sus derechos fundamentales. El endurecimiento en abstracto de las penalidades no reivindica necesariamente los derechos de quienes sufrieron un delito, ni satisface de modo automático las exigencias de justicia, pero sin dudas impacta con dureza sobre la persona condenada y su entorno familiar y social, por lo que debemos dar a esa discusión el cariz que merece.  La necesidad de hacer justicia es una preocupación presente en plurales
sistemas de creencias, pero también lo es la necesidad de humanizar la respuesta frente a una ofensa, y no debemos perder de vista a ninguna de ellas en este proceso.

Otros aspectos que el anteproyecto presenta recogen algunas preocupaciones que la Procuración Penitenciaria ha venido señalando, tal como la eliminación de penas accesorias que solo permanecen en nuestra legislación como rémoras autoritarias, o la racionalización de los mecanismos de intervención en casos donde es necesaria la atención de la salud mental de una persona. Esperamos, en consecuencia, poder avanzar en un proceso de
discusión amplio y respetuoso, evitando pronunciamientos prematuros, pero a la vez convencidos de la importancia de revisar la ley penal y todos los demás aspectos que hacen a nuestra práctica social del castigo.