13 de Junio, 2014.

La jueza Wilma López, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 38, hizo lugar a una acción de habeas corpus colectivo presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación en favor de todas las personas menores de edad alojadas en establecimientos dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y ordenó facilitar el acceso irrestricto de la PPN a cualquier establecimiento donde se encuentren alojadas personas menores de edad privados a su libertad.

Durante varios años la SENNAF había disputado la competencia de la Procuración Penitenciaria para realizar estas inspecciones. Con esta resolución, se salda la cuestión a favor de la mejor custodia y protección los niños y  se da efectivo cumplimiento a las leyes 25.875 y 26.827 en beneficio de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad.

Las acciones preventivas y las inspecciones a lugares de encierro, además de ser obligatorias por las citadas leyes, constituyen, fundamentalmente, un derecho para los niños, niñas y adolescentes detenidos y hacen a la transparencia de la gestión estatal. Los establecimientos destinados a personas menores de edad son verdaderos lugares de detención y como tales, deben ser inspeccionados por un organismo especializado e independiente como la PPN, a fin de evitar, investigar y documentar los hechos de tortura y malos tratos que pudieran ocurrir.

El esquema planteado por la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, apunta a abrir los centros de detención a la mirada externa en protección de los derechos de las personas alojadas y dejar atrás años de oscurantismo vinculado con conceptos tutelares que se han superado hace varios años. En este sentido, coincidieron con la PPN tanto las posiciones de los representantes de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, como las organizaciones Fundación Sur, Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales que acercaron consideraciones al tribunal en el mismo sentido. El trabajo conjunto y articulado de los distintos organismos de control redundará, sin dudas, en la ampliación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.