15 de Mayo, 2015.
Este viernes 15 de mayo se celebró una audiencia ante el Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Nº 3, de Lomas de Zamora en el marco de la acción de hábeas corpus colectiva interpuesta en diciembre de 2014 por la Procuración Penitenciaria de la Nación con el apoyo de Fundación Sur y del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA.
La misma, tuvo la finalidad de reclamar que todas las mujeres privadas de su libertad en la Unidad Nº 31 del Servicio Penitenciario Federal que se encuentran embarazadas o conviven con sus hijos e hijas menores de 4 años en su lugar de detención, puedan acceder a las distintas prestaciones previstas por el régimen de asignaciones familiares, entre las que se encuentran la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
Actualmente, y a pesar de las múltiples acciones desarrolladas por el organismo y de las numerosas comunicaciones cursadas al ANSES, ninguna de las integrantes de este colectivo percibe monto alguno en este concepto en virtud de dos dictámenes de los servicios jurídicos del ANSES y el ENCOPE que plantean, en primer lugar, que la autoridad penitenciaria provee a las detenidas de todo lo necesario para la asistencia y cuidado de sus hijos, por lo que no les corresponde acceder a las prestaciones universales, y, en segundo lugar, que las personas privadas de su libertad se encuentran inhabilitadas para ejercer la patria potestad por lo que tampoco les corresponde cobrar las asignaciones familiares del régimen general.
En su alegato, ante representantes del ANSES, el SPF y el ENCOPE y con el apoyo de las Comisiones de Cárceles y de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la Defensoría General de la Nación que adhirieron a la acción, la PPN no sólo explicó que estos dictámenes restringen de modo ilícito y discriminatorio el derecho a la seguridad social de un grupo de mujeres, niños y niñas vulnerables, sino que expuso las condiciones de vida de las mujeres alojadas en la U.31 que atraviesan un embarazo o conviven con sus hijos e hijas, que se ven forzadas a destinar fondos propios y a requerir la asistencia de sus familiares para cubrir sus necesidades alimentarias o adquirir bienes básicos, como ropa y calzado, para sus niños y niñas.
Culminada la audiencia, el juzgado se comprometió a adoptar una decisión sobre el reclamo a la brevedad. De ser acogida favorablemente, esta acción pondría fin a una restricción injusta y arbitraria de sus derechos que padecen no sólo las mujeres detenidas en la U.31, sino también sus hijos e hijas que no sólo se ven forzados a atravesar etapas claves de su desarrollo en un ambiente hostil y sometidos a todo tipo de privaciones, sino que al día de hoy no consiguen acceder a prestaciones expresamente concebidas para atender las necesidades de personas que, como ellos, se encuentran en situación de vulnerabilidad y no disponen de los medios necesarios para su regular desarrollo.