20 de julio, 2016
El informe presenta los resultados del procesamiento de los primeros siete años y medio de aplicación del Procedimiento, entre el 1º de enero de 2009 y el 30 de junio de 2016.
Entre sus datos más salientes, destaca la persistencia de la muerte en prisión en cifras elevadas, y más alarmantemente de los fallecimientos violentos en los niveles observados desde el año 2012. Durante el primer semestre de 2016, evidencia el informe, se han registrado siete muertes violentas. Dentro de este tipo de muertes, aquellas que se produjeron como consecuencia de heridas de arma blanca y ahorcamiento, representan el 85,7% (tres casos en cada una de las modalidades).
Los veinte fallecimientos registrados durante los primeros seis meses del 2016, revela el informe, se encuentran dispersos en diez unidades penitenciarias federales distintas. Sin embargo, quince de estos veinte casos se produjeron en unidades definidas como cárceles de máxima seguridad para varones adultos. Trece de estas veinte muertes, el 65%, se produjeron en complejos penitenciarios emplazados en el área metropolitana. Estos números explican el fenómeno de concentración y dispersión que se observa simultáneamente en la producción de las prácticas más violentas al interior del sistema penitenciario federal. Por un lado, la distribución de muertes en tantas cárceles diferentes, da cuenta de la existencia de hechos lesivos para la vida a lo largo y ancho del archipiélago carcelario. Por el otro, su mayor representación en ciertas prisiones evidencia la persistencia de ciertos establecimientos carcelarios como lugares especialmente violentos y restrictivos, donde se refuerzan y agravan las vulneraciones registradas en otros espacios.
Finaliza destacando los avances más significativos en actuaciones judiciales donde se investigan las responsabilidades estatales por fallecimientos bajo custodia. De ellas, resulta especialmente significativa la confirmación, por parte de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, de los procesamientos de dos médicos que cumplían funciones para el Servicio Penitenciario Federal por el delito de homicidio culposo, en la causa judicial que investiga el fallecimiento de un detenido ocurrido en el CPF II de Marcos Paz. La víctima había sido encontrada sin vida dentro de su celda el 17 de junio de 2014. Según las constancias obrantes en la causa, el deceso fue causado por una insuficiencia respiratoria aguda, debido a una congestión y edema pulmonar.
Por otro lado, en la causa judicial en la que se investiga el incendio ocurrido en la ex Unidad Nº 20 del SPF, causando la muerte de dos personas privadas de su libertad como consecuencia de las quemaduras e intoxicación sufridas, por su parte, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 rechazó el pedido de tres acusados de suspender el juicio a prueba. En consecuencia, deberá proceder a expedirse respecto a la admisión de la prueba ofrecida por las partes, y la designación de fecha para la realización del juicio oral y público.
La Procuración Penitenciaria de la Nación registra, documenta e interviene ante cada muerte de detenidos bajo custodia del sistema penitenciario federal mediante la aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión (Res. 169/PPN/08 y mods.).
Sus objetivos son garantizar una investigación administrativa independiente y eficaz sobre las causas y circunstancias en que las muertes ocurren, a través de la inspección del lugar de los hechos, y la recuperación de las voces de familiares, allegados y otros detenidos, mediante entrevistas realizadas en las mayores condiciones de privacidad posible. También indaga documentación judicial y administrativo- penitenciaria, y se apoya en dictámenes médicos y de profesionales de salud mental. Analiza por último la actuación judicial desplegada, para el control jurisdiccional de las condiciones en que la detención de la víctima se desarrolló, y para investigar luego eficazmente lo acontecido. Además del reconocimiento de responsabilidades individuales en casos concretos, el registro estandarizado permite identificar continuidades, rupturas y emergentes que visibilizan la existencia de prácticas judiciales y penitenciarias regulares que provocan, como efecto de conjunto, la producción de muertes bajo custodia y su posterior impunidad.