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30 de Septiembre, 2024.

Durante 14 años Gloria Jara Guerrero fue la titular de la Delegación Viedma en la provincia de Río Negro. Con responsabilidad y compromiso, llevó adelante la misión del organismo en la Provincia en defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

27 de Septiembre, 2024.

El Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en Argentina y en particular sobre los hijos e hijas de personas privadas de libertad.

26 de Septiembre, 2024.

La medida fue tomada por la Justicia con el objetivo de que la mujer continuara el acompañamiento del crecimiento de su hijo menor de edad quien permanecía en el país vecino. La Procuración Penitenciaria de la Nación acompañó con amicus curiae las presentaciones de la defensa en las distintas instancias.

26 de Septiembre, 2024.

Un Tribunal de Lomas de Zamora ha dictado una orden prohibiendo al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el aislamiento de personas detenidas sin un debido proceso disciplinario, a raíz de un habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Además, se han establecido medidas para asegurar condiciones adecuadas de alojamiento en los sectores de aislamiento A y B del Complejo Penitenciario Federal IV.

26 de Septiembre, 2024.

El miércoles 18 de septiembre de este año, la Fiscalía de Instrucción, Distrito I Turno III, en Córdoba, a cargo del fiscal José Alberto Mana, dispuso la prisión preventiva para diez integrantes del Servicio Penitenciario de Córdoba acusados de tortura seguida de muerte. Entre los acusados se encuentran el exdirector de un módulo carcelario, tres oficiales, cuatro suboficiales y dos médicos: un clínico y una psiquiatra.

25 de Septiembre, 2024.

Con la publicación de este nuevo Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) se cumplen 14 años desde su creación y 13 de su puesta en funcionamiento. Este trabajo sostenido de relevamiento, descripción e interpretación de las prácticas de tortura constituye una política institucional de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires.