Acciones judiciales colectivas y casos testigo

En los últimos años la Procuración Penitenciaria ha ido desarrollando una estrategia de litigio y recurso a la justicia para hacer cesar violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas en el ámbito federal.
En varios casos se ha tratado de acciones de habeas corpus correctivo de carácter colectivo, las cuales se han revelado como una herramienta eficaz para la reforma carcelaria.
Pero también se ha usado la estrategia de los casos testigo, litigando casos individuales que se destacan por su relevancia. Así, por ejemplo, en función del establecimiento de la lucha contra la tortura como objetivo prioritario, este Organismo viene efectuando denuncias penales de todos los casos de tortura y malos tratos que llegan a su conocimiento, siempre que la víctima preste su consentimiento, en aplicación del Procedimiento de Investigación y Documentación Eficaces de casos de Tortura y Malos Tratos establecido por la PPN en base a los criterios y principios del Protocolo de Estambul. Además de actuar como agente denunciante, en los casos más paradigmáticos la PPN ha asumido también el papel de querellante, a los efectos de dar impulso de parte a la investigación.
Ello se enmarca en un contexto de deficiente investigación judicial de los casos de tortura acaecidos actualmente en las cárceles, que genera elevadísimos niveles de impunidad, como han señalado reiteradamente los Organismos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, consideramos que la intervención de la PPN en carácter de querellante en algunos “casos testigo” a los fines de lograr acreditar la responsabilidad penal de los autores de la tortura, con la consiguiente condena, puede actuar a modo ejemplificador, a los fines de reducir esta práctica aberrante que es sistemática en las cárceles federales. Aunque obviamente, la medida más eficaz para combatir la tortura será una firme decisión en ese sentido de las autoridades del S.P.F.
También a nivel individual la PPN ha acompañado judicialmente los reclamos de detenidos vinculados a una amplia gama de violaciones de derechos humanos, tanto mediante la figura del “amigo del tribunal”, como mediante la intervención como parte interesada en el marco de la presentación de acciones de hábeas corpus por parte de personas detenidas.
Por otra parte, la Procuración Penitenciaria ha detectado en muchas ocasiones afectaciones colectivas de derechos humanos de personas detenidas en cárceles federales, que pueden extenderse a todo un pabellón o todo un Módulo en el caso de los Complejos, a una entera Unidad o establecimiento penitenciario o incluso a todos los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal.
Frente a dichas afectaciones colectivas, y ante la ineficacia de reiteradas recomendaciones, la PPN ha intervenido mediante la presentación de hábeas corpus colectivos correctivos. En este sentido, se destacan las acciones colectivas presentadas en materia de alimentación de las personas presas, de la aplicación de medidas de aislamiento prolongadas como la denominada “sectorización” y en materia de condiciones materiales de alojamiento que constituyen agravamiento ilegítimo de la detención. El desarrollo de tales acciones puede consultarse en los capítulos específicos del Informe Anual 2010 y del Informe Anual 2011.
La experiencia del recurso al habeas corpus correctivo ha dado resultados muy positivos en cuanto a protección de los derechos de las personas presas y reforma carcelaria, incluso funcionando a modo de detonante de espacios de diálogo con las autoridades penitenciarias.
En este sentido, podemos destacar como experiencia reciente de diálogo la “Mesa de Trabajo sobre violencia institucional en el caso de los detenidos jóvenes adultos”, que culminó con un Protocolo a ser homologado judicialmente. La referida mesa de diálogo fue consecuencia de un habeas corpus correctivo colectivo interpuesto por la PPN, y a la cual fueron convocados varios actores. En vista de los resultados positivos, en el año 2012 se ha replicado esa experiencia con el objetivo de reglamentar el régimen de Resguardo de la Integridad Física, conforme lo dispuso en octubre de 2010 el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora al acoger favorablemente un planteo de habeas corpus efectuado por esta Procuración.