Jóvenes adultos en prisión

Resulta indiscutible que la cárcel, en tanto Institución total, y el régimen penitenciario al que se ven sometidos los jóvenes en particular, producen un fuerte impacto que afecta la integridad de la persona, produciendo un fuerte proceso de deterioro socio-psico-biológico. Dichos efectos tienen lugar tanto durante el período de encarcelamiento como al momento de recuperar la libertad y son agudizados por las acciones de estigmatización y criminalización que se despliegan tanto dentro como fuera del encierro. A lo mencionado se suma la sistemática y reiterada vulneración de derechos de los adolescentes ejercida por las autoridades penitenciarias -castigo y malos tratos, aislamiento, ausencia de educación, trabajo y salud, entre otros- que han merecido una particular atención por parte de este organismo.

Es posible indicar que los adolescentes –tanto hombres como mujeres- en cárceles del SPF constituyen un colectivo que requiere de una atención diferenciada en función de las características que presenta: el proceso de formación por el que atraviesan, las particularidades que sobre ellos establece la legislación nacional e internacional, así como la manera en que se aplica sobre ellos el tratamiento y trato penitenciario. Además, esta Procuración ha constatado, tanto mediante las visitas regulares a las unidades en donde son alojados, como en diversas investigaciones, que los jóvenes sufren los mayores índices de violencia institucional.

Por todo lo expuesto, este organismo de protección de Derechos Humanos, evaluó la conveniencia de crear un equipo de trabajo conformado por integrantes de diferentes disciplinas con el objetivo de elaborar estrategias específicas de intervención que permitan monitorear el colectivo específico.

En virtud de ello, el 31 de marzo de 2011 -por Resolución 0061/11-, fue creado en el ámbito de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación el Equipo de Trabajo de Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad.

A los fines del abordaje propuesto se constituyeron herramientas que combinan estrategias cualitativas y cuantitativas que permitieron: por un lado caracterizar a la población e identificar sus problemáticas, y por otro, evidenciar las prácticas de gobierno que la administración penitenciaria despliega sobre ellos, además de monitorear las condiciones materiales en que se cumple la pena privativa de la libertad, cuestiones relativas a las sanciones, régimen de “sectorización” y malos tratos físicos o tortura por parte del personal penitenciario, entre otras.

Capítulos del Informe Anual:

Para obtener información más detallada, se puede consultar el capítulo correspondiente en el último informe anual presentado por la institución. (Ver informe)